La primera suspensión judicial de una orden ejecutiva de Donald Trump marcó un hito en el debate migratorio de Estados Unidos. El juez federal de Seattle, John Coughenour, bloqueó la medida que pretendía restringir la ciudadanía por nacimiento, calificándola como “flagrantemente inconstitucional” y en violación directa de la Enmienda 14 de la Constitución.
La orden, firmada por Trump el pasado lunes, buscaba negar pasaportes y certificados de nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. La acción fue rápidamente impugnada por una coalición de 22 estados demócratas y organizaciones defensoras de derechos civiles.
Resistencia y apelación
El fiscal general de Washington, Nick Brown, enfatizó que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser alterado unilateralmente. En respuesta al fallo, Trump anunció que su administración apelará, respaldado por un Departamento de Justicia decidido a defender la medida.
Impacto en las comunidades migrantes
Mientras tanto, las comunidades inmigrantes enfrentan un clima de incertidumbre creciente. Organizaciones como “Somos Un Pueblo Unido” distribuyen información sobre derechos, mientras que escuelas y negocios en ciudades santuario implementan medidas adicionales para proteger a las familias afectadas.
Sin embargo, un reciente memorándum del Departamento de Justicia suspendió las presentaciones de "conozca sus derechos" en centros de detención de ICE, dejando a los solicitantes de asilo más vulnerables.
En ciudades como Chicago, rumores de redadas y detenciones han provocado un aumento en las llamadas a líneas de ayuda legal, mientras muchas familias evitan enviar a sus hijos a la escuela o asistir al trabajo.
Trump amplía su agenda migratoria
Paralelamente, la administración Trump busca consolidar su enfoque migratorio en el extranjero. El jefe de diplomacia, Marco Rubio, liderará una gira por Centroamérica para discutir migración y recuperar influencia estratégica en el Canal de Panamá.