Gerardo Gutiérrez Candiani
Con contundencia, en el arranque sexenal se confirma cuál es el mayor desafío nacional. Lo reflejan las manifestaciones cívicas en Sinaloa o Tabasco por el miedo y la indignación frente a la delincuencia sin freno, la violencia extrema, la impunidad como regla.
Por la desesperación ante el deterioro de la vida cotidiana; la descomposición económica, política y, en general, del espacio social. Sin avances significativos y sostenibles tras tantos años de crisis. Ante el fracaso del Estado mexicano y de tantos gobiernos de cumplir con sus funciones y responsabilidades primarias.
Porque exaspera que autoridades a nivel municipal, estatal y federal, desde hace décadas y hoy, se laven las manos, maquillen las cifras, hablen de una realidad alterna a la desprotección de la integridad física y patrimonial y la erosión del Estado de derecho.
Cuando cualquiera puede ver la verdad, incluyendo quienes nos miran desde el exterior.
Con esa negligencia, incompetencia o falta de compromiso para afrontar el problema, llevadas al extremo en el pasado sexenio cuando la evasión pareció una política pública, ahora ya enfrentamos amenazas, al menos retóricas, de intervención extranjera, así como probables sanciones con aranceles o restricciones en el envío de remesas. Lo que puede empujar a nuestra economía a una rápida y honda recesión.
Empecemos por reconocer que no van bien las cosas. Que la enfermedad se extiende, sin visos de una operación o terapia intensiva para contenerla. Poco avanzaremos si, de entrada, se minimiza o distorsiona el diagnóstico.
Según el Gobierno Federal, las víctimas diarias de homicidio doloso pasaron de 87 en septiembre a cerca de 73 en diciembre. Pero no se puede tapar el sol con un dedo, buscando comparaciones favorables. Con los mismos datos oficiales, 2024 cerró con más de 30 mil asesinatos, viniendo de 29 mil 700 en 2023. Más importante: mientras se destaca una supuesta disminución, se desestima el fenómeno de las desapariciones.
Como han alertado periodistas especializados y ONGs, cuando, según las autoridades, los asesinatos bajan, resulta que las desapariciones suben más.
El colectivo A Dónde Van Nuestros Desaparecidos llama la atención porque en 2024 hubo un récord de 13 mil 627 casos registrados, un incremento de 32% anual. De 2019 a 2022, la cifra anual se mantuvo entre 8 mil y 8 mil 600, y en 2023 superó las 10 mil 200.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los primeros 100 días del sexenio hubo, en promedio, 40 casos de desaparición por día, un aumento del 60% en comparación con el del sexenio previo. Son más de 4 mil personas más, para llegar a un trágico acumulado de 121 mil.
Peor aún que la manipulación de las cifras es la hipocresía o cinismo con que algunas autoridades a nivel estatal o municipal enfrentan las crisis en las que están sumidas las comunidades a las que tienen la obligación de proteger.
No es sólo Sinaloa y Tabasco, sino prácticamente todo el país. De norte a sur, con carreteras donde se asalta a los viajeros, cárteles apropiándose de negocios y presupuestos municipales, aterrorizando a personas de todos los estratos sociales, como indígenas de Chiapas que han tenido que abandonar sus casas y tierras.
No es un cáncer focalizado en regiones. Los síntomas de metástasis son claros. Difícilmente se puede esconder o maquillar eso.
Esta vez, la negligencia para afrontar nuestro desafío más grave, que compromete la gobernanza y la estabilidad social, además de la tragedia para millones de familias, puede también conducirnos a una recesión y una confrontación con nuestro vecino, el país más poderoso del mundo, hoy con un Gobierno con clara inclinación a la unilateralidad.