Gerardo Gutiérrez Candiani
En lo que atañe a la política, 2025 se presenta con un año en que la mayor certidumbre es la incertidumbre. Para todo el mundo y en particular en México.
Aquí, 2024 cerró dejando en vilo a la transición democrática que tomó vuelo en la segunda mitad de los 90, un periodo de democratización que no se había vivido en toda nuestra historia y que se dio en paralelo a un proceso, hoy también en riesgo, de modernización y apertura económica iniciado poco antes, tras los excesos de estatismo y quiebra fiscal de los gobiernos de 1970 a 1982.
Es claro lo que acaba, pero no ante qué estamos: de ahí la enorme incertidumbre.
No sabemos exactamente cómo será el nuevo orden –o desorden– político, tras el asalto a las instituciones del Estado democrático mexicano, acelerado con las reformas constitucionales que se hicieron desde septiembre, como, señaladamente, la que desmantela las bases estructurales del Poder Judicial y su independencia.
Sí podemos afirmar que el “norte” de la política en México no está tendiendo a aspiraciones de democracia liberal ni a principios que han seguido las economías que han logrado crecer y cerrar brechas de desarrollo.
A este panorama de descomposición política, y encima con una economía debilitada, se suma una escalada de hostilidad desde la segunda presidencia de Donald Trump: amenazas de aranceles y contra el TMEC, intervención para combatir a cárteles de narcotráfico, deportaciones masivas, recortes tributarios y presiones a empresas para que compren e inviertan en Estados Unidos, lo que puede bloquear muchas inversiones que consideren a México, máxime si aquí se les ahuyenta con más incertidumbre jurídica e inseguridad pública y retrocesos en energía.
En este entorno es fundamental desarrollar resiliencia: en el Gobierno, las empresas y por parte de los ciudadanos.
Y para entender los retos en el terreno de la política hay que asimilar el saldo antidemocrático de 2024. Las elecciones del 2 de junio dieron un mandato claro para el Ejecutivo Federal y la mayoría del oficialismo en el Legislativo, pero no para la disolución de la división de poderes y las contenciones institucionales propias de una democracia.
De entrada, por la conformación de una mayoría calificada artificial y, según juristas, inconstitucional: el 54% de los votos convertido en el 75% de la representación en la Cámara de Diputados, con la complacencia de instituciones electorales partidizadas.
Una súper mayoría, amarrada, en el Senado, con señales de coacción a legisladores que finalmente dieron la espalda a sus electores. Así, una fuerza política devenida en poder constituyente que impone, por vía expedita, cambios de raíz al régimen político o la prohibición del vapeo.
Luego, con una paradójica disposición de “supremacía constitucional” que implica que esa mayoría puede decretar prácticamente lo que sea con solo ponerlo en la Constitución, sin trabas de amparos o impugnaciones ante la Corte. Así la desaparición de organismos reguladores con autonomía constitucional, la ampliación de la prisión preventiva automática y la plena potestad a las Fuerzas Armadas para realizar tareas civiles.
Además, 2024 deja a una oposición política debilitada, con capacidad de incidencia mermada. Mientras tanto, la fuerza política dominante empieza a mostrar divisiones y conflictos internos, propios del exceso de poder y del oportunismo.
La concentración de poder, casi por naturaleza, enfrenta un desafío de gobernabilidad: también concentra atención, responsabilidad, exigencia. El cierre de canales institucionales de interlocución y diálogo, así como para procesar demandas sociales y de sectores, siempre puede dar lugar una radicalización; dificulta los acuerdos, la colaboración y la corresponsabilidad para sacar adelante las políticas públicas, tanto como la respuesta a problemas y emergencias.
Como decía Jesús Reyes Heroles, pionero de la democratización con la reforma política de 1977: “lo que resiste apoya. Requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México”.
Efectivamente, hoy necesitamos más participación en la vida pública, en reflejo de la verdadera pluralidad inherente a nuestra nación, contra la sobrerrepresentación y la concentración.