Una reciente resolución oficial emitida por el Gobierno de Argentina ha desatado una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos y familias de personas con discapacidad. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, utiliza términos obsoletos y ofensivos para clasificar la discapacidad intelectual, como "idiota", "imbécil" y "débil mental".
La resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS) establece criterios para evaluar la invalidez laboral de aquellos que buscan acceder a pensiones no contributivas. Sin embargo, el uso de estos términos ha sido fuertemente rechazado por especialistas y activistas, quienes denuncian un retroceso en el enfoque hacia la discapacidad.
La categorización de la discapacidad intelectual en el anexo de la normativa asocia niveles de coeficiente intelectual (CI) con etiquetas discriminatorias: "idiota" para CI de entre 0 y 30, "imbécil" para CI de 30 a 50, y "débil mental" para CI de 50 a 90. Estas expresiones, que pertenecen a la psiquiatría de principios del siglo XX, fueron eliminadas hace décadas de la práctica clínica y de los manuales internacionales, como el DSM de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, se utiliza el término "discapacidad intelectual".
El rechazo fue inmediato. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) pidió una rectificación inmediata del documento, exigiendo que se ajustara a los estándares internacionales de derechos humanos. Por su parte, Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, calificó el lenguaje empleado de "peyorativo" y "estigmatizante".