Gerardo Gutiérrez Candiani
Muy bien por la respuesta del Gobierno de México a la resolución en su contra del panel del TMEC sobre el maíz transgénico, dada a conocer el pasado 20 de diciembre. Lástima que, ahora, con la iniciativa de llevar a la Constitución la prohibición de la siembra de semilla genéticamente modificada, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, se vuelva a poner a la ideología, y como en este caso, reconfirmada como carente de bases objetivas, por encima de las necesidades del país.
El fallo del panel convalidó la reclamación estadounidense de que las medidas contra la importación del maíz transgénico a México, basadas en el alegato de que éste dañaba la salud y afectaba la biodiversidad, no tenían fundamento científico y violentaban el tratado. Aunque nuestro Gobierno manifestó que no compartía la determinación, fue claro en que la acataría. Una señal de realismo y, sobre todo, apego a los compromisos internacionales y a una apuesta por el TMEC.
En la respuesta incluso se resaltó que el sistema de solución de controversias del Capítulo 31 del tratado es pieza clave de éste, refiriendo que esto quedó demostrado en el caso de las reglas de origen del sector automotriz, con resultado favorable para México. Esta posición es especialmente alentadora tras un sexenio en que esa sensatez brilló por su ausencia.
Desafortunadamente, persisten las contradicciones que nos han metido en estos en embrollos, y en particular, que complican aún más los retos que sí tenemos respecto al maíz, el campo y la alimentación. Como en otras áreas, quedando sujetos a prejuicios que limitan el desarrollo. Como si diéramos un paso adelante para enseguida dar otro hacia atrás.
Por un lado, el Gobierno quitó, oficialmente, a inicios de este mes, las restricciones del decreto de 2023 sobre el maíz transgénico. Se levanta el bloqueo a la importación y se pone fin a acciones para su sustitución forzada en la ganadería, la industria y el consumo humano. Tal como han sido anuladas las restricciones al glifosato, que ya habían sido pospuestas por la falta de alternativas viables a este herbicida. De entrada, se evitan represalias comerciales cuando el horno no está para bollos por la mega amenaza arancelaria.
Por otro lado, se recae en poner trabas innecesarias al desarrollo agrario y al objetivo de la autosuficiencia alimentaria, al llevar la prohibición del cultivo de maíz transgénico a la Constitución, con modificaciones de los artículos 4 y 27 basadas sobre todo en retórica.
Se aduce que el cultivo del maíz debe ser libre de modificaciones genéticas, entre otras razones, por “ser un elemento de la identidad nacional”. Argumentos como que éste es “la base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos” o de promover la investigación científica, pero “con un enfoque humanista”. Con ese razonamiento se entiende por qué México estaba condenado a perder en el panel del TMEC y también por qué no avanzamos en muchos temas, al autoimponernos barreras ideológicas.
Mientras, nuestra Constitución se sobrecarga de todo tipo de disposiciones, lo mismo la prohibición de los vapeadores que la del maíz transgénico.
A fin de cuentas, no hay una relación causal de por qué se necesita prohibir la siembra de maíz transgénico para proteger la “identidad” y a las 59 razas de maíz que hay en México. Perfectamente se puede proteger ese “patrimonio biocultural” sin privar a agricultores y campesinos de la libertad de usar, si quieren, semillas y tecnologías para tener mejores rendimientos. No necesariamente son objetivos excluyentes.
Mientras en México se habla de soberanía, cada vez dependemos más de las importaciones, ya que el 85% del consumo nacional de este grano viene de Estados Unidos.