La diputada local trans, Gaby Chumacero, presentó una propuesta para sancionar con trabajo comunitario a padres y menores que incurran en desaparición voluntaria. Esta iniciativa busca evitar que estas acciones afecten los procesos de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Chumacero explicó que las desapariciones voluntarias generan un impacto negativo en las comunidades, obligando a familiares a cerrar vialidades y desviar recursos de investigaciones críticas. Aunque las sanciones no incluirían prisión, podrían implicar multas económicas o servicios comunitarios.
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La propuesta surge tras el caso de Miriam y Victoria, dos menores cuya desaparición llevó a vecinos a bloquear la carretera a Atlixco durante doce horas. La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que las niñas se fueron de casa por voluntad propia.
Chumacero busca que la LXII Legislatura tipifique este acto como delito, argumentando que las desapariciones voluntarias no solo generan alarma social, sino que también desgastan los recursos públicos.