El gobierno de Donald Trump eliminó una norma que prohibía la segregación en instalaciones de contratistas federales por raza, género u orientación sexual, medida que activistas califican de “peligroso simbolismo”.
La decisión fue anunciada a través de un memorándum de la Administración de Servicios Generales (GSA), donde se elimina una cláusula que exigía igualdad en espacios laborales, transporte y vivienda para empleados de contratistas federales.
Aunque la segregación sigue siendo ilegal bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964, expertos advierten que este cambio debilita los mecanismos de supervisión y envía un mensaje alarmante en un país con profundas tensiones raciales y una comunidad migrante de 46 millones de personas.
La segregación racial en Estados Unidos, institucionalizada hasta los años 60, afectó a afroamericanos, latinos, asiáticos e indígenas, quienes enfrentaron exclusiones en escuelas, restaurantes y empleos.
La cláusula eliminada fue implementada por Lyndon B. Johnson en 1965 como parte de su lucha por los derechos civiles, asegurando que los fondos federales no financiaran prácticas discriminatorias. “Era un candado adicional”, explicó Melissa Murray, profesora de la Universidad de Nueva York.
Según analistas, esta medida refleja una reorientación ideológica de la Casa Blanca. En 2020, Trump ordenó cancelar talleres sobre “privilegio blanco” y “racismo estructural”, argumentando que eran “divisivos”. En su lugar, promovió una narrativa sobre el “racismo contra blancos”.
Sin la cláusula, la responsabilidad de investigar y sancionar violaciones recaerá en el gobierno, un desafío en un contexto donde las prioridades regulatorias cambiaron drásticamente.