Gerardo Gutiérrez Candiani
Seguimos viendo a políticos oficialistas que tratan de minimizar la tragedia de la violencia extrema y, como estamos constatando, sistematizada. Usando eufemismos para referirse a casos que confirman el nivel al que ha escalado esta crisis interminable.
Como si lo que se ha descubierto en Teuchitlán, como en otros sucesos, fuese una exageración de la prensa, la oposición política, las víctimas y sus familiares o los grupos que se han organizado para buscar a sus desaparecidos.
Los mexicanos y el mundo entero saben que el drama de las desapariciones es un mal endémico de nuestro país, aunque ha tendido a recrudecerse. No se acusa a los gobiernos actuales o a los anteriores de ser los responsables de los hechos. Lo que se demanda es que cumplan con su primera responsabilidad, razón de ser fundamental del Estado: cuidar la integridad física y patrimonial de las personas.
Que ejerzan las facultades y usen los recursos que la ciudadanía les ha encomendado para ello y para que prevalezca el Estado de derecho en vez del imperio de la violencia.
De trabajar, sumando esfuerzos nacionales, para afrontar la deformación en el Estado y en la sociedad que están en la raíz de la tragedia del Rancho Izaguirre.
No sólo esclarecimiento y justicia, sino ir al fondo de lo que la hizo posible, como antes pasó con las fosas de San Fernando, Tamaulipas, la masacre de Allende, en Coahuila, y otros casos.
Ir a las causas: la impunidad, la corrupción en muchas instancias y la negligencia imperante en gobiernos de todos los colores políticos y órdenes, pero también en nuestra sociedad.
Es alentador ver que el actual Gobierno Federal, liderado por la Presidenta y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, están enfrentando el desafío con una diligencia y un compromiso que contrastan con la inacción de los últimos años.
Como sea, debemos despertar como nación. Más allá de un caso como el que destapó el colectivo Guerreros Buscadores, ¿qué tendríamos que ver para decidirnos a no permitir más esta descomposición?
Restos óseos y otros indicios de crematorios clandestinos, más de un millar de pertenencias personales y testimonios que apuntan a una operación organizada de secuestros y desapariciones a gran escala.
La perplejidad y la indignación nacional e internacional de que algo así haya podido ocurrir en nuestro país debe ser acicate para comprometernos con cambios profundos desde el Estado y la sociedad. Para romper el círculo vicioso de delincuencia, violencia e impunidad que marcan a un país con más de 121 mil personas desaparecidas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza desde la década de 1960, pero tan solo en el sexenio de los “abrazos y no balazos” se sumaron casi 51 mil 800 nuevos casos y se encontraron más de 2 mil 800 fosas clandestinas.
De acuerdo con la organización “A dónde van los desaparecidos”, grupo de periodistas que cubren este fenómeno y las luchas de quienes los están buscando, en los primeros 100 días del actual se registraron más de 4 mil, 40 por día.
Han sido años de ver a colectivos de madres buscadoras exponiendo todo eso mientras que es común que lo que se destaca de la respuesta de autoridades sea la búsqueda de comparaciones favorables de estadísticas de incidencia delictiva para hablar de “un cambio de tendencia”.
La realidad que reportan especialistas con datos: de 2019 a 2022, la cantidad de desapariciones se mantuvo entre 8 mil y 8 mil 600 anuales; en 2023 aumentó a casi 10 mil 300; 2024 cerró con un récord de más de 13 mil 600.
En 2024, superaron en casi 30% a las muertes violentas. ¿Cuántos asesinatos, masacres e historias de horror hay sin contabilizarse, sin que se haga justicia? Pensemos en los niveles de impunidad de más de 90 por ciento.
Se nota que en el Gobierno Federal se está haciendo un esfuerzo para que cambien las cosas respecto a la negligencia del sexenio pasado, pero hay que ir a fondo.