En el Día Internacional de la Mujer, Puebla se prepara para votar la homologación de la "ley 3 de 3". Esta legislación busca impedir que los deudores alimentarios o agresores con sentencias firmes trabajen en el gobierno municipal.
El municipio de Puebla podría convertirse en el primero en el estado en implementar esta legislación, la cual busca proteger a las mujeres y garantizar la integridad de los servidores públicos. El objetivo es que aquellos con antecedentes de violencia familiar o deudores alimentarios no puedan ocupar puestos de confianza en el ayuntamiento. Esta medida busca frenar la violencia estructural en la política local.
En la Comisión de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual, la presidenta Mayte Rivera Vivanco destacó que esta ley se basa en sentencias judiciales firmes. "Se trata de personas con sentencia firme, no en proceso", explicó Rivera Vivanco. Además, la ley no busca atacar a los hombres en general, sino a aquellos con un historial comprobado de agresiones.
Uno de los puntos clave de la propuesta es la adición de un artículo al Código Reglamentario del Municipio, que establece la necesidad de no contar con sentencias por violencia familiar o de género para ocupar ciertos puestos. Además, la ley incluye una prohibición para quienes estén registrados como deudores alimentarios.
La activista Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina, enfatizó la importancia de crear políticas públicas firmes para proteger a las mujeres. "No basta con actividades en marzo, necesitamos reformas sustantivas", aseguró.
Si la propuesta es aprobada por el Cabildo de Puebla, el municipio se convertiría en un ejemplo para el resto del estado, avanzando hacia una política pública libre de agresores y deudores alimentarios en el gobierno.