Claudia Sheinbaum, presidenta de México, oficializó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En su lugar, se crea Transparencia para el Pueblo, un órgano dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor este viernes. Con ello, se aprueban tres nuevas leyes: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Protección de Datos.
Los comisionados del Inai convocaron a una última sesión nocturna para concretar el cierre del organismo. Durante la reunión, se aprobó una indemnización de 96 millones de pesos para 419 trabajadores, garantizando sus derechos laborales.
El nuevo organismo promete “acceso a la información en igualdad de condiciones”. La Plataforma Nacional de Transparencia, administrada por la Secretaría Anticorrupción, será clave para gestionar solicitudes, impugnaciones y portales de obligaciones.
Sin embargo, la decisión ha generado controversia. Diputados opositores acusaron a Morena de “sepultar la transparencia”. Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, afirmó que esta reforma “coloca el último clavo del ataúd” contra la corrupción.
En contraste, la diputada morenista Claudia Selene Ávila Flores defendió la medida como un “rediseño institucional” que entregará al pueblo “la llave de los secretos del poder”.
El Inai, creado en 2002, fue un pilar en la lucha por la rendición de cuentas. Su desaparición marca un hito en la historia política de México, con implicaciones aún por verse.