El presidente municipal de Tlachichuca, Giovanni González Vieyra, fue vinculado a proceso por el delito de encubrimiento por receptación. El juez de control determinó que deberá permanecer en prisión preventiva justificada en el penal de Tepexi de Rodríguez.
Proceso legal contra Giovanni González Vieyra
El pasado 7 de marzo de 2025, Giovanni González Vieyra fue detenido y presentado ante el juez de control, quien calificó de legal la detención. La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas que llevaron a la vinculación a proceso.
Durante la audiencia inicial, el edil solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica. La audiencia de vinculación se realizó el 14 de marzo, cuando finalmente se resolvió que permanecerá en prisión mientras continúan las investigaciones.
Ambas audiencias se realizaron de manera remota debido al riesgo de evasión de la justicia. La FGE deberá reunir más pruebas para presentarlas en la audiencia intermedia, que se celebrará una vez concluido el plazo de investigación complementaria.
¿Qué es el encubrimiento por receptación?
El encubrimiento por receptación ocurre cuando una persona recibe, adquiere, oculta o comercializa bienes obtenidos mediante un delito, con el objetivo de obtener un beneficio económico o material. Este delito puede cometerse con o sin conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, pero no implica participación directa en el delito original.
Crisis política en el Valle de Serdán
El caso de Giovanni González Vieyra no es el único en su familia. Su hermano, Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Ciudad Serdán, también está en prisión por posesión de arma de fuego exclusiva del Ejército. Su audiencia de vinculación será el 16 de marzo.
Además, un tercer hermano, Ramiro González Vieyra, edil de San Nicolás Buenos Aires, sigue prófugo. Las autoridades lo relacionan con actividades ilegales en la región.
Protestas en el Congreso de Puebla
Habitantes de Ciudad Serdán y Tlachichuca se manifestaron en el Congreso de Puebla para exigir la liberación de los alcaldes. El gobernador Alejandro Armenta advirtió que, aunque haya protestas, no habrá impunidad para quienes violen la ley.