Hace tres semanas, 238 migrantes venezolanos fueron deportados desde Texas al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Esta medida, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, fue ejecutada por la administración de Donald Trump para deportar a miembros del Tren de Aragua.
Sin embargo, un informe de 60 Minutes reveló que el 75% de los deportados no tienen antecedentes penales ni en EE. UU. ni en sus países de origen. Solo el 22% tiene historial, principalmente por delitos no violentos, y algunos enfrentan cargos graves como asesinato.
Uno de los casos más preocupantes es el de Andry Hernández Romero, un estilista venezolano que fue deportado pese a haber superado una entrevista de "miedo creíble", lo que le daba derecho a solicitar asilo. Fue marcado como pandillero por portar tatuajes de coronas, que según su abogada, representan a sus padres.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó las deportaciones diciendo que muchos migrantes eran “terroristas” o “violadores de derechos humanos”, aunque no se han presentado pruebas documentales consistentes. Trump también vinculó a Kilmar Armando Ábrego García, un migrante deportado por error, con la pandilla MS-13.
A pesar de las acusaciones, expertos sostienen que el Tren de Aragua no utiliza simbología corporal, a diferencia de otras pandillas como la MS-13.