Claudia Sheinbaum rechazó que exista ilegalidad en la transferencia de recursos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Tesorería de la Federación.
El CJF acusó que Nacional Financiera (Nafin) transfirió 10 mil millones de pesos sin su consentimiento. Anunció que impugnará la medida por presunta violación contractual.
La presidenta sostuvo que el traslado fue legal y que la Secretaría de Gobernación informará al CJF sobre el sustento jurídico de dicha acción.
Aseguró que no hay anomalías y afirmó que "no se quedarán con los fondos unos cuantos de la Corte", en referencia a la administración de los fideicomisos.
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED) arremetió contra el CJF por no pagar compensaciones a jueces que renunciaron antes del proceso electoral judicial.
JUFED exigió explicación legal por los pagos omitidos. Denunció una posible reiteración en la transgresión de derechos fundamentales de los exjuzgadores.
El CJF, presidido por la ministra Norma Piña, señaló que Nafin actuó sin consulta previa, ni autorización por escrito, como establecen los contratos de fideicomiso.
Sheinbaum aseguró que los fondos se destinarán a pagar derechos laborales de trabajadores del ISSSTE, incluidos empleados del Poder Judicial.
La controversia ocurre en medio del debate por la reforma judicial, donde la Corte y el CJF han expresado oposición a diversas medidas impulsadas desde el Ejecutivo.
Los recursos estaban en fideicomisos administrados por Nafin. El CJF alega que su uso sin aval representa un precedente legal delicado.