El Gobierno de Puebla publicó una licitación para adquirir 30 simuladores de manejo, que serán utilizados para aplicar los exámenes prácticos al solicitar una licencia de conducir.
El contrato contempla la instalación del equipo en las 24 oficinas de trámites del Estado y en tres unidades móviles, vigencia que se extenderá hasta diciembre de 2027.
El proveedor deberá entregar licencias físicas y digitales, garantizar el mantenimiento de los equipos, así como brindar una base de datos y respaldo en nube con la información generada.
La propuesta incluye el uso de un simulador básico, con volante, botones y controles similares a los de vehículos reales, que permitirá medir conocimientos sin necesidad de unidades físicas.
Los simuladores evaluarán habilidades prácticas, reflejos psicomotrices y conocimientos teóricos, en un examen de 12 minutos, que replicará situaciones de tráfico, cruces peatonales y condiciones climáticas diversas.
Los aspirantes deberán resolver pruebas avanzadas y de eficiencia, adaptadas a vehículos automáticos y estándar, de combustión interna, tanto diésel como gasolina, en un entorno seguro y controlado.
En cuanto al transporte público, la licitación especifica que se aplicarán exámenes de agudeza visual y toxicológicos, para garantizar que los choferes estén aptos para operar unidades.
El proveedor deberá emitir gafetes oficiales para operadores y ofrecer capacitaciones, lo que permitirá profesionalizar aún más el servicio y detectar oportunamente posibles deficiencias en el rendimiento.
El servicio solicitado implica la emisión de un mínimo de 310 mil licencias y un máximo de 776 mil, las cuales contarán con elementos de seguridad para evitar duplicación o falsificación.
La estrategia busca modernizar el proceso de expedición de licencias, reducir riesgos y ofrecer una evaluación justa y estandarizada a quienes deseen obtener el documento en Puebla.
Además, el uso de simuladores permitirá evaluar bajo un mismo protocolo a particulares y choferes, agilizando trámites y evitando riesgos que implicarían pruebas reales en calles o vialidades públicas.