Tras la implementación del programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, el comercio ilegal de dulces y alimentos chatarra continúa en las cooperativas instaladas dentro de instituciones educativas en Puebla, pese al riesgo de ser multados e –incluso–, perder la concesión.
Rodrigo, un estudiante de preparatoria ubicada en colonia Azcarate de la capital, relató que en su institución les venden papas y golosinas, pero deben llevar un traste o bolsa para que los vendedores los sirvan y no sean visibles los productos.
El joven reveló que, tras la compra, los cooperativistas piden discreción a los alumnos y que, en caso de una visita de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), nieguen la venta de botanas y bebidas con edulcorantes.
“Si las venden, pero al comprar nos dan un tupper o algo para que no se vea. Esa es la idea y no debemos decir nada si viene la SEP”, dijo el adolescente.
En tanto, Martha, alumna de una Secundaria Técnica en la colonia Zaragoza de la capital, explicó que en su escuela retiraron de la tiendita los alimentos prohibidos para reemplazarlos por fruta, barritas de productos naturales y sanos.
Sin embargo, esto duró apenas una semana, ya que las vendedoras dijeron que también había golosinas, pero que debían ser discretos por lo que, en caso de ser cuestionados por autoridades, deben decir que los traen desde casa.
“A escondidas nos venden los dulces, chicles, tamarindos y nos dicen que tienen más cosas, que preguntemos porque no los pueden tener a la vista”, relató la joven de segundo grado de secundaria.
Sobre el programa, el secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, adelantó que comenzarían los recorridos en los colegios para hacer llamados de atención a los vendedores para posteriormente sancionar a quien viole la norma.
De acuerdo con la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General de Salud (LGS), quienes no cumplan con la normativa podrían ser acreedores de multas que van de los 10 mil hasta 13 mil 140 pesos, según el artículo 171 de la LGE.
Además, los establecimientos ubicados en escuelas de la capital podrían ser objeto de clausuras temporales o –incluso–, definitivas. Además, sus dueños podrían ser arrestados hasta por 36 horas.