Este 21 de mayo se cumplen tres años del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez sin que se haya garantizado justicia hasta la fecha, ya que el posible autor intelectual del crimen, Javier N, expareja de la víctima, no ha recibido sentencia por los delitos que se le acusan: feminicidio y violencia familiar.
Una serie de dilaciones jurídicas sistémicas, provocaron que el proceso para dictaminar la sentencia del expolítico del PRI y de los probables responsables materiales del delito, Jair N y Silvestre N, se haya retrasado.
En tanto, en el ámbito social, el feminicidio de Cecilia Monzón motivó a colectivas feministas de toda la República para impulsar la llamada Ley Monzón, mediante la cual se retira la patria potestad y custodia de los hijos de padres sentenciados por este delito, normativa aprobada en los estados de Puebla, Sinaloa, Colima, Ciudad de México y recientemente en Chiapas.
ABUSOS PROCESALES
Helena Monzón, hermana de Cecilia, ha calificado las dilaciones legales como “abusos procesales sistémicos”, señalando que tanto la defensa legal de Javier N, como las de Jahir N y Silvestre N, han interpuesto amparos sin fin durante todo el proceso, con un sólo objetivo: evitar que se dicte una sentencia.
En respuesta, en diciembre de 2024, la defensa legal de la familia Monzón Pérez logró ampliar la medida cautelar de prisión preventiva para los tres posibles responsables del delito de feminicidio, hasta septiembre de este año.
Tras dicha determinación, el proceso jurídico comenzó a avanzar, pues el pasado 13 de marzo inició el juicio oral en contra de los tres presuntos implicados.
A partir de entonces, las audiencias solicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para el desahogo de pruebas se han llevado a cabo. Y, si bien han tenido más dilaciones como inasistencias, cambios de abogados y tiempo extra para “estudiar el caso”, se han presentado avances significativos, entre ellos, la confesión de uno de los posibles autores materiales, declarándose culpable.
Helena Monzón ha mencionado que el juicio oral por el delito de feminicidio podría tardar hasta seis meses, hasta que se emita un veredicto. Mientras tanto, la familia de Cecilia ha sido revictimizada por parte de las instancias de justicia. No obstante, continuar exigiendo justicia por el asesinato de la abogada y activista.
MAREA PÚRPURA
Colectivas feministas como Por las Mujeres de Puebla se han mantenido junto a Helena Monzón durante estos tres años, realizando marchas y protestas para reclamar que el caso de Cecilia no quede impune. Asimismo, se han sumado a la exigencia de justicia pronta y con perspectiva de género.
En este sentido, la indignación por el feminicidio impulsó reformas legislativas en el Congreso del Estado con la aprobación de la llamada Ley Monzón el 2 de marzo de 2023, la cual se replicó en otras entidades del país.
La normativa establece la suspensión de la patria potestad, en caso de que un padre sea investigado por feminicidio y, si recibe condena, se le retira, con el objetivo de garantizar el bienestar de los menores y protegerlos de la violencia indirecta que pueden sufrir al quedar bajo la custodia de un probable delincuente.
Incluso, una familia poblana, víctima indirecta del feminicidio de María Gabriela López, fue acogida por esta ley, para impedir que el agresor, José Ixmael N, mantuviera la custodia de la hija menor de ambos.