La comunidad científica de Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por recortes, censura y un éxodo creciente de talento ante las decisiones de la administración Trump.
Durante décadas, Estados Unidos fue líder en innovación científica, marcando el rumbo del siglo XX. Sin embargo, esta imagen se desvanece ante políticas que priorizan la ideología sobre la evidencia.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Donald Trump emprendió una ofensiva contra la ciencia, desmantelando agencias, eliminando fondos y censurando términos clave en proyectos científicos.
El caso más reciente es la renuncia de Sethuraman Panchanathan, director de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), tras la eliminación de más de 400 investigaciones aprobadas.
Además, se propuso reducir a la mitad el presupuesto de la NSF, lo cual agrava el clima de incertidumbre para la investigación pública en todo el país.
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Agencias históricas como los CDC, la NASA, los Institutos Nacionales de Salud y el Servicio Meteorológico Nacional sufrieron recortes sustanciales.
Se han cancelado investigaciones sobre cambio climático, prevención de pandemias, vacunas y cáncer infantil, lo que compromete avances científicos urgentes.
Más allá del presupuesto, preocupa la censura de conceptos como “género”, “diversidad” y “cambio climático”, eliminados de múltiples líneas de investigación.
El gobierno también ha desfinanciado proyectos sobre desinformación, promoviendo teorías desacreditadas como el supuesto vínculo entre vacunas y autismo.
A ello se suma la eliminación de bases de datos públicas sobre calidad del aire y geología marina, lo que impide evidenciar problemas ambientales reales.
Este panorama ha causado una fuga de cerebros: solo en el primer trimestre, las solicitudes para salir del país crecieron 32%, principalmente hacia Canadá y Francia.
Detrás de esta ofensiva está el llamado Proyecto 2025, impulsado por sectores conservadores que buscan sustituir agencias científicas por “ciencia ciudadana”.
La estrategia recuerda a las tácticas de la industria tabacalera: sembrar duda para evitar políticas públicas, aunque hoy es la Casa Blanca quien lidera el discurso.
Frente a este escenario, universidades como Columbia y asociaciones médicas comienzan a organizarse en defensa de la investigación como bien público y universal.
Defienden principios como la libertad académica, la colaboración internacional y la integridad del método científico, amenazados por la actual administración.
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