El Comité Tlamaya exigió una consulta indígena para decidir sobre la construcción del Ecoparque de La Malinche, proyecto que afectará zonas naturales y tierras de propiedad privada.
Alondra, representante del Comité Indígena Municipal, advirtió que la obra reduciría el hábitat de especies silvestres, sin haberse realizado una asamblea pública que explique sus impactos reales.
Se solicitó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) pronunciarse formalmente sobre el proyecto. La población indígena advierte una falta de transparencia en la propuesta del ecoparque.
El poblador Máximo Cuatlaxahue denunció que el terreno afectado, de cuatro hectáreas, pertenece a su hija Griselda, quien fue encarcelada tras oponerse al uso de sus tierras.
Señaló que autoridades ofrecen cinco pesos por metro cuadrado, lo cual consideran una violación a su derecho de propiedad y un acto de despojo, pese a oponerse por vías legales.
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Desde diciembre de 2024, la familia tramitó un amparo judicial, argumentando intimidación y amenazas por parte de operadores del proyecto, quienes marcaron árboles y difundieron datos personales.
Aseguran que las tierras ya son usadas como vía de acceso para maquinaria y personal que realiza trabajos de delimitación, sin permiso ni aval ambiental federal o comunitario.
Los opositores consideran que el Ecoparque no tiene utilidad pública, ya que incluye la construcción de un hotel en un parque nacional con regulaciones ambientales estrictas y sin aval colectivo.
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El gobernador Alejandro Armenta declaró que los ecoparques de La Malinche, Citlaltépetl e Izta-Popo serán desarrollados con respeto a la legalidad y sin despojos a ejidatarios.