“Mi sueño de tener una casa hoy es una pesadilla”, relata Juan Carlos Ruiz Ortega, abogado y sociólogo originario de Xalapa, Veracruz, quien eligió Puebla como el lugar ideal para vivir tras su regreso de Europa.
Hoy, junto con cinco familias más, enfrenta un proceso de despojo ilegal por parte de personas encapuchadas armadas, derivado de un juicio del que nunca fue parte.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la incidencia de este delito aumentó un 27.4 por ciento, al pasar de 615 denuncias entre enero y junio de 2024, a 784 carpetas de investigación abiertas en el mismo periodo de 2025.
El caso de Ruiz Ortega es ejemplo de lo anterior. La semana pasada, denunció en redes sociales que los inquilinos a quienes rentaba su domicilio de la calle General Rosendo Márquez, en la colonia Gobernadores, municipio de San Andrés Cholula, fueron desalojados de manera violenta por personas encapuchadas y armadas, sin notificación previa, sin orden judicial ni presencia del Ministerio Público.
“Como muchos mexicanos, soñé y trabajé para tener una casa propia. Pensé en comprarla en Puebla porque me parecía un buen lugar para vivir, aunque hoy ya estoy pensando lo contrario”, afirmó en entrevista para este medio.
Actualmente, el joven becario cursa una maestría en Estudios Laborales en la Universidad Ruhr de Bochum, en Alemania. Por ello, alquiló la vivienda a una familia para continuar cubriendo los pagos del crédito Infonavit y otros servicios, los cuales sigue pagando, a pesar de que no puede hacer uso de la propiedad desde abril.
“Yo rentaba la casa para seguir pagándola mientras estudio en Alemania. Mis inquilinos se quedaron sin hogar y yo sin ese ingreso. Además, estoy endeudado con ellos porque debo devolver el dinero que ya me habían adelantado”, relata.
DE LA ILUSIÓN A LA PESADILLA
En mayo de 2023, Ruiz Ortega inició el proceso de compra mediante un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El trámite fue rápido ya que, dijo, todo estaba en regla y sin problemas legales. En un lapso de 15 días, recibió el inmueble, el cual habitó brevemente antes de mudarse a Europa por sus estudios.
“Todo se realizó conforme a la ley. Se revisó el Registro Público de la Propiedad, no había ningún gravamen. El notario (del cual prefirió omitir el nombre) confirmó la legalidad. Los abogados del Infonavit también dieron su visto bueno. Con esa certeza, renté la casa a una familia”, relató.
Sin embargo, en abril, sus inquilinos fueron desalojados: “entraron por la fuerza, subieron las pertenencias a camiones y se las llevaron. No sólo fue mi casa, fueron cinco más. Hay vecinos que llevaban viviendo ahí hasta 30 años y, en un minuto, fueron despojados de su patrimonio”, denuncia.
Tras investigar, Ruiz Ortega descubrió que el desalojo se llevó a cabo por una resolución emitida por un juez en Oaxaca, quien adjudicó los terrenos como parte del pago de una deuda mercantil. Lo grave, señaló el abogado, es que el juzgador nunca comprobó si la persona que ofreció esos terrenos era realmente el dueño.
Además, el actuario, presuntamente enviado por un juez de Puebla para cumplir el exhorto judicial, reportó falsamente que se trataba de terrenos baldíos, omitiendo que se trataban de viviendas habitadas y consolidadas desde hace años.
EN ESPERA DE JUSTICIA
El caso se dio a conocer a través de redes sociales, cuando Juan Carlos lo expuso en un video que rápidamente se viralizó. A raíz de ello, ha recibido muestras de apoyo de ciudadanos y líderes sindicales que le han ofrecido respaldo legal.
Asimismo, ha tenido acercamientos con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y con la delegada del Infonavit en Puebla, Estebi Fernández Lozada.
“Hoy apelo a su buena voluntad ya que no solo a mí, sino a todas las familias afectadas, nos devuelvan la certeza para regresar a nuestras casas. Confío en que esta vez las instituciones van a funcionar”, concluyó Ruiz Ortega.