El plan de Donald Trump para una deportación masiva en Estados Unidos impulsa la expansión del negocio carcelario privado, con California City como epicentro del nuevo modelo.
En esta pequeña localidad del desierto californiano, la empresa CoreCivic construye el mayor centro de detención migratoria del país. El proyecto promete 500 empleos y 2 millones de dólares en impuestos, lo que el alcalde Marquette Hawkins califica como “tabla de salvación” económica.
Un negocio millonario
En junio, más de 60 mil migrantes fueron detenidos, el 80% en centros gestionados por corporaciones bajo contrato con el ICE. El número de instalaciones pasó de 107 a casi 200 en 2025, según datos oficiales. “Nunca habíamos tenido tanta demanda”, afirmó Damon Hininger, director de CoreCivic.
El sistema promete beneficios locales, pero organizaciones alertan sobre un modelo que “lucrará con el sufrimiento humano”. La congresista demócrata Norma Torres denunció obstáculos para inspeccionar instalaciones donde aumentan los casos de hacinamiento, mala alimentación y falta de atención médica.
Críticas y abusos
Kristen Hunsberger, del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, calificó la industria como “una bomba de tiempo”. Documentó casos de aislamiento prolongado y presiones para aceptar deportaciones, sin acceso adecuado a defensa legal.
El fenómeno trasciende la migración: 90,873 personas estuvieron presas en cárceles privadas en 2024, lo que equivale al 8% de la población carcelaria estatal y federal, según The Sentencing Project. Estados como Montana, Alaska, Arizona y Tennessee dependen en más de un 20% de este modelo.
El drama migratorio, lejos de resolverse, se consolida como negocio rentable. Empresas como CoreCivic y GEO Group fortalecen su presencia, mientras capturan miles de vidas en un sistema donde el lucro prevalece sobre la dignidad humana.