El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, reconoció la existencia de un cártel inmobiliario en la administración pública estatal, cuyos integrantes están despojando a los propietarios de viviendas.
Mediante la expedición de laudos elaborados ilegalmente, dichos “delincuentes de cuello blanco” han mantenido un negocio ilícito que les ha generado poder económico y político, advirtió el mandatario estatal.
“Yo lo he comentado y en ocasiones se malinterpreta porque cuando pones en evidencia el abuso, tocas intereses. Detrás del cártel del despojo hay muchos presuntos delincuentes de cuello blanco que se infiltraron en el Poder Judicial en Puebla y que se infiltraron en la administración pública”, reiteró.
En rueda de prensa, Armenta Mier afirmó que su Gobierno ha sido cuidadoso al entablar procesos legales, con el objetivo de no violentar los derechos humanos, ya que hay intereses que protegen a los presuntos despojadores.
“Estamos atendiendo el tema, con apego a la ley, no podemos actuar sin realizar los procedimientos correspondientes porque son grupos que tienen poder económico y utilizan la fábrica de mentiras para generar percepción cuando los pones en evidencia; tienen poder económico y tienen vínculos nacionales, por lo tanto le hemos pedido a las áreas de investigación que actúen”, aseguró el gobernador, sin revelar más detalles sobre la identidad de los supuestos responsables.
Alejandro Armenta descartó omisiones de su administración ante las denuncias de poblanos que han perdido sus inmuebles mediante juicios aparentemente fabricados, por lo que actuarán a favor de la ciudadanía, una vez que el negocio ilícito de laudos falsos ya fue descubierto.
“Es un tema muy delicado, la corrupción se anida, es como una cañería que tiene muchas fugas, tapas una y sale otra, es increíble y como Gobierno nos estamos enfrentando a eso”, aseguró el mandatario este martes.
Esta postura del gobernador surge de la denuncia presentada por siete familias de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, que fueron desalojadas de sus viviendas tras un juicio mercantil iniciado en Oaxaca.
La decisión de un juez de aquella entidad supuestamente benefició a particulares vinculados al cártel inmobiliario, a través de un litigio fraudulento.
En este sentido, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó el inicio de una investigación, tras las denuncias presentadas por los propietarios despojados el pasado 16 de julio en la calle General Rosendo Márquez.
Sin embargo, las indagatorias se encuentran en pausa, porque los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca están de vacaciones.