A un año de la despenalización del aborto en Puebla, la realidad en los servicios de salud pública dista de ser accesible, segura y libre de violencia para las mujeres y personas gestantes. Así lo denunciaron diversas colectivas feministas durante una rueda de prensa donde acusaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de mantener prácticas discriminatorias y violentas hacia quienes buscan una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Representantes de organizaciones como ReDefine, DDSer, CAFIS y Red La Morada señalaron que persisten barreras institucionales, a pesar de la reforma legal aprobada el 15 de julio de 2024. Según su testimonio, médicos del IMSS emiten frases intimidatorias y estigmatizantes durante la atención médica, como: “vas a morir”, “tu bebé quiere vivir” o “si el procedimiento falla, es porque se aferra a la vida”.
https://whatsapp.com/channel/0029VaE1iV22975FVy9QXt3J
Estas declaraciones fueron calificadas como parte de una violencia institucional sistemática que busca infundir miedo, culpa y angustia en las pacientes, revelando un grave desconocimiento y falta de capacitación del personal médico sobre la ILE.
Además, las activistas denunciaron que en varios municipios del interior del estado persiste la creencia errónea de que el aborto es legal solo en la capital poblana, lo cual evidencia vacíos en la implementación legal. Por ello, solicitaron una reforma urgente a la Ley Estatal de Salud, que garantice el acceso pleno y equitativo al servicio.
Otra problemática señalada fue la escasez de medicamentos clave como la misoprostona, cuyo uso es indispensable en estos procedimientos. Las colectivas advirtieron que su alto costo y requerimiento de receta médica limita el acceso real a este derecho.
De acuerdo con cifras oficiales, 388 mujeres han interrumpido legalmente su embarazo en Puebla desde la despenalización. En el primer semestre de 2025, se registraron 199 procedimientos, de los cuales 127 se realizaron en el Hospital de la Mujer, que concentra el 90% de los casos en el estado.
Las colectivas reconocieron que el avance legislativo es fruto de una lucha feminista histórica, pero advirtieron que las deficiencias en el sistema de salud obstaculizan el derecho a decidir. “Este logro es de la sociedad civil organizada. Pero aún queda mucho por hacer”, concluyó Cinthya Ramírez, vocera de ReDefine.
También te puede interesar: Había concesiones de personas muertas, en transporte público