A días de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones, el Congreso del Estado de Puebla arrastra dos reformas clave que siguen sin ser aprobadas: la Ley de Participación Ciudadana y la revocación de mandato, ambas con implicaciones directas para la democracia participativa en la entidad.
Ambas iniciativas permanecen en fase de análisis, y se espera su discusión en un periodo extraordinario que se desarrollaría entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, según lo informado por la diputada de Morena, Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Puebla sin una ley de participación ciudadana
El pasado 10 de julio, la legisladora Kathya Sánchez Rodríguez presentó ante el pleno la iniciativa para crear una Ley de Participación Ciudadana, en respuesta a múltiples peticiones sociales. Puebla es una de las pocas entidades que aún carecen de este marco legal, al igual que Campeche, Estado de México, Hidalgo y Nuevo León.
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Según la propuesta, la ciudadanía tendría la posibilidad de intervenir en acciones gubernamentales a través de mecanismos establecidos por el Poder Legislativo, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Estado. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, donde permanece en espera de su aprobación.
Revocación de mandato, otra asignatura pendiente
Además, el Congreso también mantiene en pausa la discusión sobre la revocación de mandato, un pendiente señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta propuesta —de gran resonancia política— contempla abrir la posibilidad de retirar del cargo a autoridades electas antes de que terminen su periodo, siempre que así lo demande una parte significativa del electorado.
La diputada Laura Artemisa informó que el legislador Julio Huerta analiza una iniciativa en esta materia, tomando como referencia las propuestas presentadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier.
Reformas urgentes para fortalecer la democracia
Ambas propuestas legislativas están alineadas con una demanda social más amplia que exige mayor participación ciudadana y rendición de cuentas, pilares fundamentales de una democracia funcional. No obstante, su aprobación depende ahora del compromiso del Congreso poblano para llevarlas al pleno en el próximo periodo extraordinario.
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