Dos jueces federales bloquearon la expulsión del salvadoreño Kilmar Ábrego, de 29 años, acusado sin evidencia sólida de pertenecer a la pandilla MS-13, y deportado por error en 2024.
Ábrego fue enviado a El Salvador en marzo como parte de la política migratoria endurecida durante la administración de Donald Trump, lo que lo llevó a una prisión destinada a pandilleros. Posteriormente, una orden judicial permitió su regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos por presunto tráfico de migrantes.
Un juez federal en Tennessee ordenó su liberación bajo fianza mientras continúa el proceso judicial. Paralelamente, una jueza en Maryland impidió que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaran de inmediato tras salir de custodia.
El magistrado Waverly Crenshaw cuestionó la falta de pruebas que lo vinculen con grupos criminales: “No hay tatuajes, confesiones ni testimonios creíbles que respalden la acusación”, señaló en su fallo. También puso en duda la credibilidad del testigo principal, un contrabandista con antecedentes dudosos.
Por su parte, la jueza Paula Xinis ordenó restituir el estatus legal previo de Ábrego y que cualquier intento de deportación futura se notifique con tres días de anticipación. Criticó al gobierno por actuar “en secreto y sin aviso” al devolverlo a El Salvador.