La madrugada del 19 de julio, autoridades de los tres niveles de gobierno ejecutaron una orden judicial para demoler construcciones irregulares en el predio conocido como La Covadonga.
El operativo permitió recuperar cerca de 9 hectáreas, retirando una treintena de inmuebles totalmente deshabitados, así como bardas perimetrales construidas para intentar despojar la propiedad a sus dueños legítimos.
El apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, informó que el terreno fue invadido hace dos años por grupos de choque, quienes lotificaron el área.
Se detectaron más de 400 lotes ofrecidos en venta por montos superiores a los 200 mil pesos, lo cual agravó el conflicto de ocupación ilegal del predio.
El acuerdo municipal del 30 de abril de 2024 instruyó el retiro inmediato de obras como medida de seguridad preventiva, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU).
Ante la falta de cumplimiento, la fundación promovió un amparo federal, que fue resuelto por la Juez Cuarto de Distrito, Blanca Alicia Luna, quien ordenó a la SGyDU ejecutar la demolición.
Gracias a la coordinación con la Secretaría de Gobernación estatal, se establecieron mesas de trabajo por 60 días para facilitar la intervención legal del predio.
En el operativo participaron elementos de la SSP estatal, Seguridad Ciudadana municipal, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Bomberos, garantizando un entorno seguro.