En medio del endurecimiento de la política anti‑migrante bajo la administración de Donald Trump, comunidades migrantes en Estados Unidos hallaron en la tecnología una vía de protección colectiva. Aplicaciones como Coquí e ICEBlock irrumpen como herramientas clave para advertir sobre la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Generan una red de avisos inmediata que pretende reducir detenciones arbitrarias.
Óscar, un migrante venezolano con estatus de protección temporal, afirma que gracias a Coquí logró evitar operativos durante sus trayectos laborales. “Tengo miedo aunque esté legalmente aquí”, relató a CBS News. “He visto deportar a conocidos por simples inspecciones”. Esta experiencia evidencia la vulnerabilidad cotidiana y la necesidad de mecanismos de alertas comunitarias.
Coquí fue desarrollada por Peter, un defensor de animales que optó por mantener su apellido en anonimato. Preocupado por el ausentismo laboral de sus empleados debido a redadas, creó una plataforma que no recopila datos personales. Los usuarios pueden reportar operativos y localizar negocios “seguros”. Inspirada en la rana puertorriqueña homónima, se convirtió en un símbolo de solidaridad digital.
No obstante, estas iniciativas enfrentan críticas por parte de autoridades. Madison Sheahan, subdirectora de ICE, acusó que “obstaculizan la labor policial” y podrían “alentar actos violentos”, sin aportar evidencia. La respuesta desde Coquí fue contundente: “Defender a tus vecinos no es una amenaza, es un deber”.
Por otro lado, ICEBlock ya superó el millón de descargas y ha provocado repercusiones laborales: Carolyn Feinstein, exempleada del Departamento de Justicia, fue despedida por su vínculo con el creador de la app. ICEBlock permite rastrear actividad migratoria en un radio de ocho kilómetros y ha sido acusada de fomentar evasión. Sin embargo, la mayoría de sus usuarios no tienen antecedentes penales. Un reporte del Los Angeles Times reveló que el 70 % de los detenidos en redadas masivas en California no tenía condenas, y más de la mitad jamás fue acusada de delito alguno. Su única falta: permanecer sin papeles, lo cual es una infracción administrativa.