La política migratoria de Donald Trump obliga a naciones con recursos limitados a recibir migrantes en tránsito, elevando riesgos humanitarios y tensiones diplomáticas.
La administración de Donald Trump implementa acuerdos y vuelos especiales que han convertido a varios países en escalas obligadas para personas deportadas desde Estados Unidos, muchas veces sin vínculo con estas naciones.
Entre enero y julio de 2025, México recibió más de 6 mil personas extranjeras, la mayoría en tránsito forzado. En Guatemala, los vuelos de repatriación aumentaron 40 %, obligando al país a alojar migrantes temporalmente antes de su reubicación.
Costa Rica aceptó 200 personas, incluidos 81 niños, mientras Panamá sirvió como punto de paso para 300 migrantes procedentes de Asia y África bajo condiciones restrictivas.
Casos críticos en América y África
En El Salvador, más de 250 venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad. La situación genera preocupación internacional por la falta de garantías jurídicas.
Casos extremos incluyen a Ruanda, que recibió a un iraquí mediante un pago, y Sudán del Sur, donde fueron trasladados ocho migrantes —entre ellos un mexicano— pese a la inestabilidad. Incluso Kosovo aceptó acoger a 50 deportados a cambio de favores diplomáticos.
Objetivo y riesgos
El zar fronterizo Tom Homan confirmó que estos acuerdos “no son excepciones, sino una política que se ampliará”. Organizaciones alertan sobre desarraigo y vulnerabilidad de quienes son enviados a territorios donde nunca han vivido y sin posibilidad real de asilo.