Estados Unidos reportó en junio un mínimo histórico de cruces ilegales en la frontera sur, con 6,070 detenciones registradas por la Patrulla Fronteriza, según datos oficiales.
La cifra implica una caída del 15% respecto a marzo y es considerada por la Casa Blanca el nivel más bajo desde que existen registros. La administración Trump atribuyó el descenso a políticas migratorias “agresivas y eficaces”.
Entre las medidas destacan deportaciones exprés, suspensión de liberaciones y militarización de la frontera, con miles de soldados desplegados. Además, se habilitaron zonas de retención temporal para migrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que junio tuvo 25,243 encuentros a nivel nacional, el menor número histórico de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“El mundo escucha nuestro mensaje: la frontera está cerrada para quienes infringen la ley”, escribió Noem en redes sociales. Paralelamente, el Congreso debate una ley fiscal que asignaría 134 mil millones de dólares a la seguridad fronteriza.
Este presupuesto financiaría la ampliación del muro, contratación de 20,000 nuevos agentes y más centros de detención. Sin embargo, organizaciones civiles critican estas acciones.
Denuncian operativos indiscriminados y violaciones al derecho de asilo. Según datos recientes, menos del 10% de los detenidos por ICE enfrentan cargos por delitos violentos.
En un revés para Trump, un juez federal bloqueó el veto al asilo para migrantes que cruzaran ilegalmente. El magistrado Randolph Moss determinó que la medida violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El fallo fue suspendido 14 días para permitir una apelación. La Casa Blanca rechazó la decisión, mientras activistas celebraron la protección para solicitantes de asilo en riesgo.