La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación contra la sentencia absolutoria que liberó a Israel Vallarta Cisneros tras casi 20 años en prisión. La jueza Mariana Vieyra Valdez dictó esa resolución el 31 de julio, argumentando que no se acreditó su responsabilidad en delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
La FGR sostiene una obligación moral, ética y jurídica por la defensa de seis presuntas víctimas de secuestro, cuya protección exige este recurso legal. La impugnación deberá ser turnada finalmente a un Tribunal Colegiado de Apelación una vez concluidas las vacaciones judiciales a partir del 18 de agosto.
Por su parte, Vallarta defendió su inocencia, reprochando que—sorprendentemente—a dos décadas de su detención la FGR invoque ahora derechos de víctimas que, afirmó, fueron coaccionadas o manipuladas durante el proceso. Su caso simboliza las fallas del sistema judicial, pues tras un montaje mediático y tortura comprobada, fue liberado sin sentencia firme.
Desde Puebla, un público involucrado en justicia y derechos humanos encontrará en este episodio el reflejo de una justicia tardía y conflictiva. La apelación abre una nueva etapa en un drama que requiere atención crítica, y pone en tela de juicio los límites entre reparación de víctimas y continuación de una persecución jurídica.