PABLO RUIZ
El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, privado de la libertad en Sinaloa y entregado en Estados Unidos al FBI en julio de 2024 por los hijos del Joaquín El Chapo Guzmán, está en deuda con Puebla.
El capo sinaloense se declaró culpable de dos cargos relacionados al narcotráfico ante una Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, y soltó la sopa: policías, militares y políticos, son sus cómplices sobornados.
El juez Brian Cogan dictó una multa de dos millones de dólares y le decomisaron bienes por 15 mil millones de dólares.
La primera en levantar la mano fue la presidenta Claudia Sheinbaum para reclamar ese dinero como una compensación por los daños causados por el narcotraficante al país y lo entregaría a las personas más humildes.
Ah, pero de las acusaciones de Ismael Zambada contra policías, militares y políticos, nada; le pide pruebas al narcotraficante, porque hasta la fecha no hay una sola denuncia en más de cuatro décadas de actividades ilícitas.
En una de esas, hasta la 4T se queda sin gobernador en Sinaloa - Rubén Moya Rocha- y sin embajador en España - Quirino Ordaz Coppel-, contra quienes hay un cúmulo de pruebas de relaciones peligrosas de éstos con la maña.
Puebla, como otros estados -y podrían hacer lo propio otros países donde introdujo drogas el Cártel de Sinaloa-, también pueden levantar la mano para resarcir los daños causados por el señor Zambada con sus actividades ilícitas en el estado.
Además del trasiego de drogas, el narcomenudeo, tráfico de personas y otros delitos, el Cártel de Sinaloa instaló laboratorios para fabricar drogas sintéticas en la ciudad capital.
Sin contar otros negocios turbios para lavar dinero a través de presuntos ganaderos con la producción de los búfalos de agua, en la Sierra Norte, durante el último Gobierno priista en la entidad.
Sólo en el 2025, el Cártel de Sinaloa suma el mayor número de detenidos en el estado, específicamente de la facción de El Mayo Zambada del grupo transnacional.
Según los registros oficiales de las autoridades estatales y federales, 14 integrantes del Cártel de Sinaloa han sido detenidos este año.
Del pasado 26 de enero a la fecha detuvieron a personas vinculadas a dicha organización durante cateos simultáneos en el fraccionamiento La Calera y Haras del Bosque, en la ciudad de Puebla.
En una acción paralela, agentes federales y efectivos de las fuerzas armadas aseguraron dos laboratorios de drogas sintéticas en límites con Tlaxcala.
Según los datos de las indagatorias federales, esta célula tiene conexión con El Mayito Flaco, brazo del grupo de Ismael El Mayo Zambada.
Si en toda esta empresa criminal del grupo delictivo trasnacional contó con la protección de policías, militares y políticos, como lo declaró el veterano narcotraficante.
Es obvia la complicidad en Puebla de los señalados con Zambada, de otra manera no se explicaría la impunidad para instalar un laboratorio para fabricar drogas y realizar actividades delictivas, lo que ocurrió también en los sexenios de la 4T, federal y estatal.
En la exigencia de la reparación del daño al narcotraficante para que esos 15 mil millones de dólares retornen al país, lo correcto es que se canalice una rebanada del pastel a Puebla donde también hicieron daño, pero el gobierno no debe seguir protegiendo a policías, militares y políticos corruptos.