El próximo periodo legislativo en el Congreso del Estado podría pasar a la historia, si se aprueba la regulación de la maternidad subrogada. Sin embargo, para que esta ley sea viable, primero se deben atender los vacíos legales que propician abusos y desigualdades sociales, declaró el doctor en Derecho, Omar Juárez Cervantes.
En entrevista, el especialista advirtió que la iniciativa presentada en julio por la diputada local por Morena, Nayeli Salvatori Bojalil busca reformar los artículos 7, 12 y 277 de la Ley Estatal de Salud, para regular y garantizar el derecho a la reproducción humana asistida. La propuesta se justifica bajo el argumento de que “es una práctica médica cada vez más generalizada, que debe estar legislada en todos los estados, para institucionalizar su marco normativo y garantizar los derechos humanos y de la salud de las personas implicadas”.
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Sin embargo, la propuesta no contempla la regulación de los entes involucrados, el marco legal ni los topes económicos del acuerdo privado.
“Ella propone una legislación de maternidad subrogada, cuando lo que se debería contemplar, para que sea más amplia, es el término de gestación por contrato, que abarca todas las modalidades”, resaltó el abogado.
Para Omar Juárez, el problema esencial de la práctica radica en los contratos donde los padres adoptivos, generalmente con mayores recursos económicos, dictan las reglas y priorizan la salud y el bienestar del bebé en camino, muy por encima de la salud o incluso de la vida de la madre gestante, violando una garantía individual fundamental: el derecho a la vida.
El especialista indicó que la iniciativa sería viable en Puebla si se contemplaran modificaciones a la Ley del Registro Civil, regulaciones para los profesionales de la medicina involucrados y la intervención de notarios en los contratos, garantizando apoyo legal a las madres gestantes y traductores, en caso de que se requiera la contratación de profesionales que certifiquen la validez legal de los procedimientos.
NEGOCIACIÓN INJUSTA
“Por lo general, la madre gestante proviene de contextos vulnerables, mientras que los padres intencionales cuentan con respaldo legal y financiero. Esto hace que su consentimiento no sea realmente libre; por eso es necesario capacitar y formalizar legalmente el acuerdo y establecer un tope económico”, advirtió el abogado.
En México, las mujeres reciben entre 250 mil y 500 mil pesos por embarazo. En cambio, en una legislación alineada con normas internacionales, el pago mínimo es de 1.5 millones de pesos, como ocurre en Estados Unidos o Australia.
“Por eso, personas del extranjero y varios mexicanos recurren a esta práctica en México. Las mujeres que aceptan ser vientres subrogados suelen estar en situación de pobreza y desconocen los costos reales, aceptando cantidades que para ellas parecen enormes pero que, legalmente, son mucho menores a lo permitido por normas internacionales”, explicó Juárez Cervantes.
El especialista advirtió que uno de los riesgos más graves de la iniciativa es que, al establecer un pago único mínimo, la gestante podría quedar desprotegida ante complicaciones durante el embarazo o el parto, con consecuencias graves para su salud o incluso con riesgo de muerte.
OBSTÁCULOS LEGALES
Aunque el Partido Morena cuenta con la mayoría de votos en el Congreso local para aprobar la iniciativa, su implementación sería complicada, ya que “Puebla es un estado conservador y armonizar el Código Civil, los reglamentos del Registro Civil y la normativa de salud sería sumamente complejo. Además, el DIF y la Secretaría de Salud carecen de áreas especializadas para dar seguimiento o apoyo a estos procesos”, explicó el doctor en Derecho.
Otro de los puntos a incluir en la iniciativa presentada por la diputada Salvatori Bojalil, es abrir este proceso a parejas del mismo sexo, ya que las iniciativas sólo contemplan a las uniones entre personas heterosexuales.
“Las parejas de hombres quedan excluidas, lo que constituye un acto de discriminación que no se justifica desde los derechos humanos”, señaló.
Además, resaltó que aún con la ley aprobada, la aplicación práctica podría ser limitada y los vacíos legales continuarán exponiendo a gestantes y bebés.
RIESGOS Y BENEFICIOS
Durante la conversación, Omar Juárez insistió en que esta ley implica dos situaciones que se deben vigilar, una relacionada con la mujer y otra con los recién nacidos.
“Una pone en riesgo a las madres gestantes, porque la mayoría de los contratos priorizan la vida del niño por encima de la salud de la madre; además, no siempre se detalla qué sucedería si los padres intencionales fallecen, tienen alguna incapacidad o deciden no continuar con la crianza del menor”, alertó el especialista.
En este sentido, sería importante que la iniciativa de Salvatori Bojalil considerara apegarse a legislaciones innovadoras que obliguen a contar con seguros de vida, seguimiento médico y protocolos similares a los de Estados Unidos, Canadá o Australia, en lugar de replicar la ley de Tabasco de 1997.
“La diferencia clave es que allá existen sistemas que aseguran el bienestar de la gestante y del niño. En Puebla, ni siquiera se propone cómo se implementaría un seguimiento médico adecuado, y también es importante definir en qué sector médico se realizaría, considerando que en los últimos años se ha evidenciado un déficit en atención médica y en suministros básicos”, señaló el abogado.
En Puebla, donde la información pública sobre esta práctica es limitada, Juárez Cervantes advirtió que cualquier intento de regulación podría normalizar la explotación, favorecer redes clandestinas y dejar a mujeres y recién nacidos en condiciones de extrema vulnerabilidad.
“La maternidad subrogada, más que una opción legislativa, sigue siendo un desafío ético y social que el Estado deberá abordar con cautela y responsabilidad”, concluyó.
Añadió que, con un conjunto de reformas y revisión detallada por todas las áreas competentes, la iniciativa podría volverse legal, viable y aplaudible en el futuro.