Reos extorsionados
Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, protestaron este lunes con un bloqueo a la circulación en el Camino al Batán y el Periférico Ecológico, para denunciar las supuestas extorsiones que padecen los reos por parte de otro interno, de nombre Ernesto Orea, quien presuntamente estaría coludido con el subdirector del penal, Álvaro López y el coordinador, el comandante Héctor. De acuerdo con los manifestantes, los procesados deben pagar una cuota para tener agua y hasta para mantener un trabajo digno al interior del Cereso, abusos que no callarán más, dijeron. En respuesta, la Secretaría de Gobernación abrió una mesa de diálogo con los familiares, como primer paso para establecer una mesa institucional más amplia. Y aunque el Gobierno presume mejores condiciones materiales en los 17 penales del estado, lo cierto es que en las cárceles todo se paga, hasta el lugar para dormir. Además de las instalaciones, urgen reformas a la administración penitenciaria en el estado y el país para lograr una verdadera reinserción social de los convictos. ¿Será?
Asesinados en la pista
La tarde de este martes, dos personas fueron asesinadas a balazos y otra más resultó lesionada durante un aparente asalto en la autopista Puebla-Orizaba, aunque las autoridades ya investigan el móvil del crimen. Hasta el momento, hay dos versiones de lo ocurrido: la primera, que las víctimas fueron emboscadas antes de llegar a la desviación hacia la autopista Amozoc-Perote, a la altura del kilómetro 135; la segunda, que fueron interceptadas y cuando intentaron darse a la fuga, les dispararon, aunque la camioneta recién comprada en la que viajaban, quedó abandonada en la zona. Cualquiera que sea el motivo, la escena de los cadáveres sobre el pavimento, se suma a la percepción de inseguridad que pesa sobre las carreteras estatales. Y, a pesar del proyecto de instalar cámaras y ampliar el patrullaje, hasta la fecha, el Gobierno federal no da los permisos, mientras las bandas de asaltantes entran y salen de la vialidad, sin mayor problema. ¿Será que, mientras nos atoramos en asuntos administrativos, la vida de automovilistas y choferes sigue en peligro, ante los atracos que sufren a diario?
Trabajadores del transporte
La protesta de conductores y repartidores de aplicaciones de transporte ejecutivo en la capital del estado, es el botón de muestra de las malas condiciones laborales que padecen los llamados trabajadores del volante en el estado de Puebla. Para empezar, los choferes de Uber y Didi nunca tienen certeza del monto que ganarán de las tarifas que cobran a los usuarios, pues se modifican a discreción, para reducirles las ganancias. Algo parecido sufre un conductor del servicio urbano de pasajeros de la capital, quienes ganan un salario ¡pero a destajo!, porque primero deben entregar la cuenta al dueño del microbús, camión o combi y, lo que sobre, es para el empleado, que se pasa hasta 12 horas manejando, en unidades destartaladas y viejas. Al igual que los conductores de plataformas, tampoco cuentan con Seguro Social y otras prestaciones, como vacaciones pagadas. Esta situación es añeja y, a pesar de los avances de la tecnología y el supuesto respeto a los derechos laborales, persiste. Urge una reforma a la Ley Federal del Trabajo que contemple a los choferes de taxis, autobuses urbanos y ahora las aplicaciones. Es un acto de justicia para quien dedica la vida a movilizar a la sociedad. Sin ellos, la economía se detiene. ¿Será?