El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó estado de excepción en diez de 24 provincias ante la intensificación de protestas indígenas por el alza del diésel.
La medida, de 60 días, busca contener una “grave conmoción interna” y autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden público.
Los disturbios comenzaron tras la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio pasó de 1.80 a 2.80 dólares por galón, un aumento del 56 %, afectando directamente a la economía campesina
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La CONAIE exige revertir la medida, reducir el IVA del 15 al 12 % y aumentar los presupuestos de salud y educación. Su líder, Marlon Vargas, advirtió sobre posible radicalización del movimiento.
El conflicto se centra en Imbabura, provincia andina, donde la producción florícola sufre pérdidas de un millón de dólares diarios. La muerte de Efraín Fuerez fue calificada como “crimen de Estado” por la CONAIE.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron casi 200 vulneraciones durante la represión, alertando sobre uso excesivo de la fuerza y violaciones a garantías fundamentales de los manifestantes.
Noboa, con discurso de modernización y orden, respondió que “nadie puede tomarse la capital por la fuerza” y que “los que actúan como delincuentes serán tratados como tal”.
El mandatario justificó el fin del subsidio argumentando que favorecía el contrabando y la minería ilegal, más que a los sectores más pobres. Históricamente, subidas del diésel han generado crisis sociales, como en 2019 y 2022.