El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla advirtió que las reformas a la Ley de Amparo debilitan el Estado de Derecho y ponen en riesgo la seguridad jurídica, el empleo y la inversión en el estado y el país.
A través de un comunicado, el organismo empresarial manifestó su preocupación por las modificaciones que “limitan el alcance del juicio de amparo, reducen la posibilidad de suspensión de actos lesivos y restringen el interés legítimo”, lo que afectaría directamente a ciudadanos y empresas.
El CCE destacó la nueva disposición que restringe la suspensión de créditos fiscales, pues sólo se permitirá si se garantiza el monto total del crédito y sus accesorios, lo que dejaría fuera a pequeñas y medianas empresas que carecen de liquidez, permitiendo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) continuar con embargos o remates incluso con un amparo en trámite.
Asimismo, advirtió que la suspensión ya no procederá en casos de cancelación o revocación de licencias y concesiones otorgadas por autoridades federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que podría paralizar operaciones durante años y provocar la pérdida de futuras inversiones y empleos.
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Otro punto de preocupación es la posible retroactividad incluida en el artículo transitorio de la reforma que, de aprobarse, permitiría desechar miles de amparos fiscales en curso, lo que vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la ley y el derecho al acceso efectivo a la justicia.
“El debilitamiento del control constitucional convierte al juicio de amparo en un recurso tardío e ineficaz, fortaleciendo la discrecionalidad del Estado y deteriorando la confianza de los inversionistas”, señaló el CCE.
El organismo empresarial hizo un llamado al Congreso de la Unión para reconsiderar las reformas y preservar al juicio de amparo como una herramienta eficaz de defensa de los derechos y libertades. También exhortó al Poder Judicial de la Federación a mantener la justicia y la equidad en la aplicación de la ley.
Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla subrayó que “el cierre de una empresa afecta gravemente el empleo, la economía local y la inversión”, por lo que insistió en que la seguridad jurídica es condición esencial para el desarrollo económico de Puebla y México.