Ni los operativos conjuntos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal han logrado frenar el negocio más silencioso y rentable del crimen organizado en Puebla: el huachigas.
De enero a septiembre de 2025, Puebla se mantuvo entre los primeros lugares nacionales en tomas clandestinas de gas LP, según el monitoreo del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), con base en datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el primer semestre del año, la entidad acumuló 218 tomas, equivalente al 41 por ciento del total nacional. En otras palabras: cuatro de cada 10 perforaciones ilegales de gas LP en México ocurrieron en territorio poblano.
De acuerdo con el informe del IGAVIM, los municipios con mayor incidencia se repiten desde hace una década: Tepeaca, San Martín Texmelucan, Amozoc, Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca y Tlahuapan.
El corredor que une la ciudad de Puebla con la región de Tepeaca–Acajete continúa siendo la zona más perforada, pese a los anuncios de contención.
A ello se suman nuevos puntos detectados en la Sierra Norte, principalmente en Huauchinango, Xicotepec y Ahuazotepec, donde se han desmantelado tomas en ductos de alta presión y pipas cargadas con miles de litros.
De acuerdo con lo registrado por las autoridades, el gas LP sustraído se comercializa en el mercado negro local a precios entre 20 y 30 por ciento más bajos que el legal.
Las redes delictivas montan puntos de venta clandestinos y utilizan pipas modificadas, almacenamiento en casas de seguridad y rutas nocturnas para evadir los retenes de las fuerzas federales de seguridad.
Una parte del producto termina en expendios irregulares en colonias de la zona metropolitana de la capital poblana, donde el consumidor difícilmente distingue entre el gas legal y el robado.
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BAJO CONTROL
A nivel operativo, el control del gas robado en Puebla se reparte entre bandas locales ubicadas en el llamado Triángulo Rojo y células de grandes cárteles nacionales.
Informes de inteligencia estatal y federal, que se han documentado en diversas ocasiones, señalan la participación de tres estructuras principales:
- Células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en municipios del corredor Texmelucan–Huejotzingo, donde han desplazado a grupos locales y usan la venta de gas como fuente secundaria de ingresos.
- Remanentes del Cártel de Santa Rosa de Lima y La Familia Michoacana, los cuales participan mediante intermediarios para la compra del gas robado y su traslado hacia el Valle de México.
- Bandas regionales poblanas: integradas por ex ordeñadores de combustible y transportistas que mantienen el control territorial en Tepeaca, Acajete y Quecholac.
Algunas de estas estructuras tienen vínculos con viejos liderazgos huachicoleros como los de El Bukanas y El Toñín, ahora replegados o fugitivos.
Pese a que el Gobierno estatal ha reportado decomisos constantes, ninguno de los grandes operadores ha sido detenido en 2025.
Los aseguramientos suelen limitarse a pipas y vehículos, sin detenciones de mando o desmantelamiento de redes financieras.
SIN RESULTADOS
En lo que va del año, la Secretaría de Marina informó haber inhabilitado más de 200 tomas clandestinas en la entidad.
Sin embargo, se ha reportado que las perforaciones vuelven a aparecer en los mismos puntos semanas después.
Mientras tanto, Pemex mantiene en reserva la cifra real de pérdidas económicas derivadas del robo de gas LP en la entidad.
No obstante, otras fuentes estiman que el daño podría superar los mil 500 millones de pesos anuales, entre producto sustraído, reparación de ductos y costos logísticos.
A pesar del volumen del problema, ni Pemex ni la Fiscalía General de la República (FGR) han presentado en 2025 un informe específico sobre el robo de gas LP.
Por su parte, el Gobierno de Puebla ha preferido minimizar el tema bajo el argumento de que las tomas van a la baja, sin precisar cuántas ni cuándo.
SIDE RELATIVO – CAE 47% EL ROBO DE COMBUSTIBLE
En abril de este año, el Gobierno estatal informó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en el combate al robo de combustible, al registrar una disminución del 47.5% en la incidencia de este delito durante el primer trimestre del presente año, en comparación con el mismo periodo de 2024.
En el primer cuatrimestre del año, fueron:
- 61 personas detenidas
- 21 vehículos asegurados
- 81 unidades recuperadas
- 70 tomas clandestinas inhabilitadas
- 144 mil litros de gasolina, 46 mil litros y 1,280 kilos de gas LP
- 71 mil litros de diésel, 23 mil litros de hidrocarburo, 487 contenedores asegurados
Los operativos se realizaron en municipios como Amozoc, Tepeaca, Santa Rita Tlahuapan y Esperanza.