La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), impulsa un nuevo protocolo para que los elementos policiales puedan atender debidamente los intentos de linchamiento en la capital poblana, confirmó el secretario de Gobierno, Franco Rodríguez Álvarez.
En rueda de prensa, explicó que dicho esquema busca garantizar una actuación inmediata y coordinada entre dependencias municipales, estatales y federales para ayudar a personas que podrían ser víctimas de linchamiento.
“Derivado de los protocolos de actuación en caso de linchamiento, los ayuntamientos deben cumplir con algunas normas como la detención y alertamiento temprano, la prevención comunitaria, el uso diferenciado de la fuerza y la generación de documentación formal”, señaló.
Para dar cumplimiento a dichas disposiciones, el presidente municipal, José Chedraui Budib, emitió un acuerdo para designar al titular de la SSC y al propio Franco Rodríguez como responsables de coordinar la aplicación del protocolo.
“La idea es que estas acciones permitan atender de manera inmediata cualquier intento de linchamiento, garantizando la paz, la seguridad y los derechos humanos de las y los habitantes antes de que estos actos sean consumados”, apuntó.
Por su parte, Edgar Gómez Ríos, titular de dicho protocolo, explicó que las autoridades municipales tienen la facultad para actuar de manera pronta y expedita ante cualquier situación de violencia colectiva.
“Como autoridades tenemos la responsabilidad de intervenir de inmediato y evitar que la justicia por propia mano derive en tragedias”, subrayó.
El protocolo, dijo, define el linchamiento como “todo acto de agresión física llevado a cabo por un grupo de personas incitadas por la multitud en contra de una o más personas, sin permitirles defensa alguna, lo que puede provocar su muerte”.
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De acuerdo con Gómez Ríos, el Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento incluye diversas acciones específicas, tales como: trasladarse de manera inmediata al lugar de los hechos para realizar un primer contacto con la multitud, efectuar acciones de mediación y negociar la liberación de la persona retenida; solicitar la intervención de la SSC para garantizar la integridad de los involucrados; informar a la Secretaría de Gobernación del Estado y poner a disposición de las autoridades competentes a las personas implicadas.