Integrantes de la Federación Mexicana de Objeción de Conciencia (Femoc) regresaron por segunda ocasión al Congreso del Estado, para entregar siete mil 100 firmas de profesionales de la salud que se oponen a practicar abortos en hospitales públicos de la entidad.
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Además, insistieron en mantener el principio de objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud, pero que se pretende dejar sin efecto en casos de emergencia médica, como propuso la diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil.
“Las organizaciones y ciudadanos firmantes manifestamos nuestro respaldo a la defensa del derecho a la gestión de conciencia del personal médico y de enfermería en el estado de Puebla”, fue parte de la postura leída afuera del recinto.
“Durante las últimas semanas, más de siete mil 100 personas se ha sumado a esta causa mediante una campaña ciudadana que exige el respeto a la libertad de conciencia como un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos tratados internacionales”, advirtieron.
Respecto a la iniciativa para reformar la Ley de Salud, “reiteramos nuestra profunda preocupación ante cualquier intento de limitar o condicionar el ejercicio de este derecho, ya que ello vulneraría la autonomía profesional de quienes sirven desde la medicina y pondría en riesgo el principio ético que guía su labor, proteger la vida y la dignidad humana”, afirmaron durante la lectura de un documento.
En el mismo, solicitaron a las y los diputados locales a rechazar “cualquier iniciativa que pretenda acorralar o sancionar a los médicos y enfermeras por actuar conforme a su conciencia y que en su lugar se refuercen las políticas públicas para atender las verdaderas prioridades del sistema de salud poblano, como el desabasto de medicamentos y la falta de recursos hospitalarios”.
Los médicos reiteraron su exigencia de realizar un parlamento abierto para analizar la obligación de los profesionales de la salud en practicar interrupciones del embarazo, al descartar que su postura responda a intereses políticos o partidistas.
Aunque la normativa actual permite que el personal de la salud decida libremente si practicar o no un aborto, con la propuesta de Salvatori Bojalil estarían obligados a realizarlos, cuando la vida de la persona gestante se encuentre en riesgo.