Una investigación del Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército revela que Serafín Tadeo Lazcano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, y Jesús Amaya Guerrero, actual comisionado de la Policía Estatal, formaron parte de la estructura de La Barredora, organización criminal ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según los documentos confidenciales de la Sedena, obtenidos por 24 HORAS, ambos funcionarios —nombrados por el gobernador Javier May el 17 de febrero pasado— fueron vinculados desde 2021 con el grupo delictivo dirigido por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad tabasqueño detenido en Paraguay y extraditado a México.
El caso, denominado “Casa Blanca”, fue rastreado por el Ejército a través de llamadas interceptadas a Adderly Michell Frías Morales, segundo al mando de la red criminal y responsable del robo de hidrocarburos en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo y Paraíso.
Los reportes de inteligencia, incluidos en los llamados Guacamaya Leaks, detallan que La Barredora cooptó a mandos de la FGR, la Guardia Nacional y Pemex para facilitar el huachicol y otras operaciones ilícitas. En ese mapeo, la Sedena colocó a Tadeo Lazcano como líder operativo y a Amaya Guerrero como enlace institucional dentro de la Fiscalía.
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Pese a los señalamientos, el gobernador Javier May defendió públicamente los nombramientos, asegurando que “fortalecen la estrategia de seguridad del estado”. No obstante, analistas en seguridad advierten que los hallazgos militares son “creíbles y alarmantes”.
El especialista David Saucedo declaró a 24 HORAS que la documentación elaborada por el Ejército “tiene plena validez” y que la sola aparición de los mandos en una investigación de este tipo “amerita su suspensión inmediata”. Agregó que La Barredora sigue activa en Tabasco, protegida por estructuras que persisten dentro del aparato estatal.
Saucedo consideró que el gobernador May mantiene una disputa política con el grupo del exgobernador Adán Augusto López Hernández, pero no ha desmantelado la red criminal que se consolidó durante su administración. “De comprobarse estos vínculos —advirtió— estaríamos ante uno de los casos más graves de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad pública”.