La jueza de control Alejandra Román Pérez decidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, pese a reconocer que existe riesgo de fuga y posibilidad de reincidir en la sustracción de su hijo.
De acuerdo con los argumentos expuestos, la decisión fue tomada sin una evaluación reciente de riesgo y sin garantías de protección para la víctima, Andrea Lezama Bonilla, ni para su hijo menor de edad. Lo que agrava la situación es que Ricardo residirá en casa de sus padres, quienes previamente ocultaron su paradero junto al del menor.
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La jueza también rechazó imponer un brazalete electrónico, alegando que el imputado no puede costearlo, y únicamente ordenó vigilancia policial permanente, lo cual ha sido calificado por colectivas feministas como una medida insuficiente y riesgosa.
La Colectiva Cam Cai, de la cual Andrea Lezama es vicepresidenta, calificó la resolución como un retroceso histórico para Puebla, entidad que en 2022 fue referente internacional al ser la primera en vincular a proceso a un agresor por violencia vicaria.
Andrea denunció que, durante seis años, Ricardo sustrajo a su hijo con ayuda de su familia y lo mantuvo alejado para causarle daño emocional y psicológico. Hoy, la madre teme por su seguridad: “Si fueron capaces de lastimar a mi hijo, pueden hacer cualquier cosa”, declaró.
El caso, que había simbolizado un avance en el reconocimiento legal de la violencia vicaria, hoy se percibe como un golpe al acceso a la justicia y a los derechos de las víctimas. Colectivas y activistas exigieron al Poder Judicial reconsiderar la medida cautelar, garantizar la integridad del menor y de su madre, y asumir su responsabilidad institucional frente a las víctimas.