La exsecretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno de Puebla, María Teresa Castro Corro, fue inhabilitada por 20 años y multada con más de 362 millones de pesos, tras ser encontrada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones durante la administración del fallecido exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
La sanción fue impuesta por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, que determinó que Castro Corro fue “plenamente responsable” de las faltas administrativas graves relacionadas con la inversión de 604 millones 996 mil pesos en Accendo Banco, institución financiera que colapsó en septiembre de 2021.
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De acuerdo con la sentencia del expediente 134/2024-PRA-SERA-2, el Gobierno estatal realizó dicha inversión pese a las advertencias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que había alertado sobre la fragilidad financiera del banco.
El fallo señala que la decisión provocó un “perjuicio económico y jurídico al Estado”, pues a más de tres años del colapso de Accendo Banco, los recursos públicos no han sido recuperados.
La resolución, aprobada por unanimidad por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, impone a la exfuncionaria una inhabilitación hasta el año 2045, además de una multa que representa aproximadamente el 60 por ciento del dinero perdido.
La Sala Especializada determinó que el actuar de Castro Corro vulneró los principios de eficiencia, honradez y legalidad que deben regir el uso de los recursos públicos.
Corro Castro fue una de las funcionarias más cercanas a Miguel Barbosa Huerta y pieza clave en el manejo financiero de su administración. Durante su gestión, encabezó la reestructuración de la deuda pública y la planeación presupuestal.
El actual mandatario, Alejandro Armenta Mier, reiteró el pasado 25 de junio que su Gobierno no será omiso en las investigaciones relacionadas con la inversión fallida, subrayando que no se protegerá a nadie por motivos partidistas.
“Sea del partido que sea, quien haya dañado las finanzas del estado tendrá que responder ante la ley”,