Ni los operativos conjuntos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la SSP Estatal han logrado contener el avance del huachigas, el robo y venta ilegal de gas LP que mantiene a Puebla entre los primeros lugares nacionales en tomas clandestinas.
De acuerdo con el IGAVIM, basado en datos de Pemex, de enero a septiembre de 2025 la entidad concentró 218 tomas ilegales, equivalentes al 41 % del total nacional. En otras palabras: cuatro de cada diez perforaciones ilegales del país están en territorio poblano.

Los municipios más afectados repiten una tendencia que ya lleva una década: Tepeaca, San Martín Texmelucan, Amozoc, Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca y Tlahuapan, mientras que la Sierra Norte (Huauchinango, Xicotepec y Ahuazotepec) comienza a mostrar un preocupante incremento.

Según reportes de seguridad, las bandas locales del Triángulo Rojo se disputan el control con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes del Cártel de Santa Rosa de Lima, quienes utilizan el robo de gas como una fuente secundaria de ingresos.


El gas sustraído se comercializa en el mercado negro a precios entre 20 % y 30 % más bajos que los legales, mediante pipas modificadas, casas de seguridad y rutas nocturnas para evadir retenes. Parte del producto termina en expendios irregulares dentro de la zona metropolitana, donde el consumidor difícilmente distingue entre el gas legítimo y el robado.

A pesar de los decomisos, ninguno de los grandes operadores del huachigas ha sido detenido en 2025. Los aseguramientos suelen limitarse a vehículos y pipas, sin desmantelar las redes financieras detrás del negocio.
La Secretaría de Marina ha desactivado más de 200 tomas, pero éstas reaparecen semanas después. Se estima que las pérdidas para Pemex superan los mil 500 millones de pesos anuales, cifra que la paraestatal mantiene bajo reserva.

Mientras tanto, el Gobierno de Puebla asegura que las tomas van “a la baja”, sin presentar datos concretos.

Información de Quadratin


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