Rastro de la tragedia
El hallazgo de un feto de entre seis y siete meses en los sanitarios de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), representa un hecho lamentable desde el punto de vista humano y un síntoma de un problema social y estructural mucho más profundo: el abandono de las mujeres frente a la falta de acompañamiento y educación sexual integral. La Fiscalía abrió una investigación para determinar si se trató de un aborto espontáneo o inducido. Sin embargo, más allá de la línea forense, lo que debería interpelar a la sociedad es cómo una joven, presumiblemente estudiante, pudo llegar a una situación tan extrema dentro de un entorno educativo que, en teoría, debería ofrecer contención y apoyo. El caso revela una vez más las contradicciones de un estado que despenaliza el aborto pero que carece de políticas eficaces de prevención y atención a la salud sexual y reproductiva. En Puebla, donde la interrupción legal del embarazo después de la doceava semana de gestación sigue siendo criminalizada, el miedo y el estigma social pueden empujar a las jóvenes a actuar en la clandestinidad y el silencio. Mientras no se discutan abiertamente los derechos de las mujeres, seguiremos encontrando en el silencio y en los baños, los rastros de una tragedia que podría haberse evitado. ¿Será?
Nota roja, rebasada
El brutal asesinato del empresario Julio Torres es el síntoma de una enfermedad social que se extiende con por amplias zonas de Puebla. La decapitación de un ciudadano y el abandono de su cabeza en pleno centro de Acatzingo, son hechos que rebasan la nota roja. Que las investigaciones apunten a un grupo armado que viajaba en una camioneta robada, portando cartuchos de uso exclusivo del Ejército y narcóticos, revela las estructuras criminales organizadas que persisten en el llamado Triángulo Rojo del robo de combustible. No se trata de delincuencia improvisada, sino de redes que operan con logística y complicidades. Mientras las autoridades celebran la detención de un presunto implicado, la ciudadanía sigue enfrentando levantones, llamadas de extorsión y cuerpos abandonados como advertencia pública. El caso de Julio Torres debería ser una alerta roja para las instituciones, ya que el crimen organizado comienza a dictar su propia ley en los municipios donde el Gobierno se ha vuelto un espectador. ¿Será?
Sorpresa meteorológica
El anuncio del Gobierno de Puebla sobre el pago de 12 millones de pesos a productores afectados por las lluvias, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el abandono del campo frente a las respuestas coyunturales del poder público. Aunque se anunció un fondo de 50 millones de pesos para atender emergencias agrícolas, el mensaje no deja de tener un sabor a paliativo. Las lluvias, las heladas o las sequías son fenómenos previsibles, no sorpresas meteorológicas. Sin embargo, las autoridades reaccionan a destiempo, pagando compensaciones en lugar de invertir en prevención e infraestructura. El dato de dos mil 200 hectáreas afectadas parece menor en términos macroeconómicos, pero para las comunidades representa la diferencia entre subsistir o perderlo todo. Y aunque el fondo de apoyo suena generoso, 12 millones ya desembolsados implican que una cuarta parte de los recursos disponibles se han ido sin enfrentar aún las heladas que se avecinan. ¿Y si el invierno llega con fuerza, nos quedaremos sin recursos? ¿Será?