Desapariciones
La aparición con vida de la profesora Jessica Portillo, tras varios días de incertidumbre, debería ser motivo de alivio social. Sin embargo, este caso revela un problema persistente en el tratamiento mediático de las desapariciones, ya que la prisa por llenar los vacíos de información nos lleva a la especulación y a construir narrativas sin sustento oficial. Antes de que la Fiscalía confirmara cualquier línea de investigación, diversos medios difundieron versiones que vinculaban la ausencia de la docente con un presunto desfalco o motivos económicos. Este tipo de afirmaciones, carentes de respaldo institucional, no sólo dañan la reputación de las personas involucradas, sino que además enturbian la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar. La fiscal Pilar Aparicio Solano fue clara al señalar que no existen aún conclusiones del caso y que las causas de la desaparición no pueden asociarse con una cuestión financiera. Este llamado a la prudencia debería ser también una advertencia al periodismo contemporáneo, porque en la era de la inmediatez, la responsabilidad informativa se vuelve más crucial que nunca. Detrás de cada titular hay una vida y una familia. La función social del periodismo no es amplificar rumores, sino ofrecer contexto, verificación y equilibrio. El caso de Portillo recuerda que, en situaciones de vulnerabilidad y alarma social, el rigor y la ética deben prevalecer sobre la urgencia de publicar. ¿Será?
Transparencia
La resolución judicial que impone una multa de 362 millones de pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos en contra de la exsecretaria de Finanzas María Teresa Castro Corro, marca un precedente histórico, pero también deja al descubierto las grietas institucionales que permitieron el desvío y la mala gestión de recursos públicos. El caso surge de la fallida inversión de 604 millones de pesos del erario estatal en Accendo Banco, una entidad que posteriormente se declaró en quiebra. Sin embargo. la exfuncionaria enfrenta otras investigaciones por posibles anomalías financieras, entre ellas el depósito de seis mil 800 millones de pesos en Fóndika, una distribuidora de fondos de inversión, así como las omisiones que derivaron en una pérdida de dos mil 600 millones de pesos en un litigio contra la autoridad fiscal, en 2023. En un comunicado de prensa, el Gobierno estatal señaló que “en Puebla, nadie está por encima de la ley”, al subrayar que no hay persecución política contra Castro Corro, frente a las críticas por la supuesta politización del caso. Esta reacción ¿llega como consecuencia del compromiso con la transparencia o como respuesta a la presión social y judicial? ¿Será?
Sin denuncias
La declaración de la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, quien descartó el inicio de una investigación en contra de la ex delegada de Bienestar en el municipio de Libres, Anallely López, busca poner fin a una ola de especulaciones surgida tras su renuncia y los señalamientos públicos que la relacionaban con un presunto integrante de la delincuencia organizada. Sin duda, la postura de la Fiscalía reafirma el principio de actuación con base en evidencias, no en rumores. Sin embargo, la aclaración también revela la tensión permanente entre la opinión pública y las autoridades judiciales, aunque las opiniones afecten la percepción ciudadana sobre la integridad de los servidores públicos estatales. ¿Será?