La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las observaciones de Fitch Ratings, calificadora que advirtió que la reforma a la Ley de Amparo podría elevar el riesgo regulatorio y desalentar la inversión privada. “Están equivocados —dijo la mandataria—. Esta reforma no afecta la inversión, la fortalece, porque hace más eficiente la justicia y brinda certeza jurídica”.
Sheinbaum adelantó que el secretario de Hacienda se reunirá con representantes de las calificadoras para aclarar los alcances de la reforma, publicada esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, aseguró que la modificación no restringe derechos ni limita el acceso al juicio de amparo, sino que busca evitar su uso indebido. “El amparo ha sido distorsionado para proteger intereses ilícitos o de la delincuencia organizada. Lo que buscamos es impedir que se abuse de una institución tan noble”, afirmó.
Zaldívar desmintió que se estén eliminando los intereses colectivos o ambientales del amparo. “El interés legítimo sigue intacto; sólo se clarifica su alcance para mayor precisión jurídica”, explicó.
La reforma a la Ley de Amparo ha generado debate nacional, pues diversos analistas y sectores empresariales temen que pueda limitar la defensa de derechos humanos y ambientales. No obstante, el Gobierno federal insiste en que el cambio moderniza y fortalece el sistema judicial mexicano, cerrando espacios al abuso legal.