En pleno 25 de noviembre, día en el que se recuerda la lucha por eliminar la violencia de género en el país, Javier N., posible feminicida de Cecilia Monzón Pérez, recibió tiempo extra, una vez más, tras un amparo promovido por su defensa legal, confirmó Helena Monzón, hermana de la víctima.
De acuerdo con la abogada española, Javier N. obtuvo una suspensión preventiva, medida que provocó la cancelación y aplazamiento de la audiencia en la que finalmente se le dictaría sentencia por el delito de violencia familiar.
“Suponen fundamentalmente, a que se haya realizado la lectura de la denuncia original de mi hermana y con ese pretexto lanzan un amparo nuevamente infundado, con una finalidad dilatoria y que además provoca que no podamos llegar a un fallo”, señaló Helena Monzón vía X.
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Según la abogada, dicha suspensión no es definitiva, sin embargo, afirmó que la decisión del Juzgado Quinto al otorgar este amparo va en contra de la nueva Ley de Amparo.
“No le tendrían que haber dado esta suspensión, ni siquiera de forma preventiva”, enfatizó.
En este sentido, Monzón destacó que el hecho de que el Poder Judicial del Estado de Puebla le haya dado una semana extra a Javier N. para buscar “cualquier artilugio”, es una medida que únicamente beneficia al posible feminicida y no contribuye al avance del caso.
“Esto nos dice sencillamente que ya ni siquiera puedo yo hablar de revictimización. De lo que puedo hablar es de que el sistema sí sirve, pero funciona para negarle la justicia a las mujeres”, subrayó.
Hay que señalar que esta medida se implementó únicamente para el delito de violencia familiar, el mismo que denunció Cecilia Monzón mientras vivía y trabajaba como abogada y activista por los derechos de las mujeres.
No obstante, el juicio por el delito de feminicidio, respaldado por la Fiscalía General del Estado (FGE), continúa en vilo.
A pesar de que ya se han desahogado pruebas en 74 audiencias, la sentencia para Javier N. sigue sin llegar.
La Familia Monzón ha reiterado que, tanto por el delito de violencia familiar como por el de feminicidio, pedirán la pena máxima, equivalente a 20 y 60 años, respectivamente.