José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, acusó que el Gobierno de Puebla se enfrenta al cártel de las concesiones, al referirse a las obligaciones financieras derivadas de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y las contraídas mediante el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en administraciones anteriores.
“En Puebla nos estamos enfrentando con el cártel de las concesiones heredadas por gobiernos de derecha”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre el estado que guarda la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), al explicar que aún restan 29 años para finiquitar el contrato de concesión.
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En la tradicional mañanera, apuntó que desde el año 2013 diversas obligaciones financieras —que representan más deuda para el estado— han comprometido recursos de la administración gubernamental.
“Torcieron la ley para legalizar el saqueo con modelos de inversión y comprometieron el recurso de las y los poblanos”, afirmó al señalar que, aunque todo quedó legalmente establecido, el proceso fue amañado para sustentar los acuerdos.
García Parra puntualizó que, si el Gobierno quisiera frenar la concesión del RUTA, tendría que pagar 22 mil millones de pesos, monto que, comparó, serviría para renovar todo el sistema de transporte público de Puebla.
Otro caso de concesiones amañadas, dijo, es el del servicio de agua potable, pues recalcó que al Congreso local se le quitó la facultad de revisar y establecer las tarifas correspondientes. Recuperar la autonomía del servicio, reiteró, tendría un costo superior a los siete mil millones de pesos.
García Parra argumentó que la actual administración estatal está tratando de poner orden, a pesar de encontrarse con procesos amañados, y cuestionó que quienes aprobaron dichos contratos actuaron en contra de la ciudadanía.
SUBSANAR SERVICIO
La titular del organismo Carreteras y Cuotas, Norma Layón, reconoció que están analizando qué sanciones establecerán a la empresa que construyó la Línea 4 de RUTA, ya que persisten fallas en el servicio de agua y en los ascensores.
Aunque aseguró que los servicios de elevador se han atendido, pero admitió que existen fallas temporales. También afirmó que no todos los baños funcionan porque la constructora no se conectó con la red hidráulica.