La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, presentó su primer informe de labores, en el que destacó los avances institucionales, el fortalecimiento de la atención a víctimas y la defensa de los derechos fundamentales en la entidad.
“Cada orientación, cada medida que emitimos tiene detrás una historia, una persona y la búsqueda de la justicia”, expresó la titular del organismo al inicio de su intervención, subrayando la importancia humana que guía el trabajo de la CDH.
Durante el periodo que se informa, se recibieron nueve mil 009 solicitudes iniciales, de las cuales ocho mil 563 se convirtieron en quejas formales tramitadas a través de las cuatro visitadurías generales. Los derechos más vulnerados, indicó, fueron el derecho a la seguridad jurídica, al trato digno y a la igualdad.
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Sánchez Soya explicó que, como parte de la reforma al reglamento interno, se distribuyeron nuevas atribuciones entre las unidades administrativas. La Dirección de Quejas y Orientación dejó de ser únicamente una instancia receptora de escritos y amplió sus funciones al ejercicio de precalificación de documentos, valorando 549 casos iniciales.
Asimismo, se emitieron 589 medidas cautelares con el propósito de evitar violaciones irreparables a los derechos humanos, y se ofrecieron 272 servicios médicos y psicológicos a víctimas que acudieron a la Comisión.
“La defensa de los derechos humanos es el corazón de esta comisión”, reiteró, enfatizando que el acompañamiento integral es una de las prioridades.
En materia de combate a la tortura, la CDH aplicó cuatro protocolos de Estambul, reafirmando su compromiso con la erradicación de esta práctica. También se realizaron 33 acciones de habeas corpus, destinadas a salvaguardar la libertad personal y la seguridad jurídica de las personas.
Como resultado de las investigaciones y gestiones, la Comisión alcanzó 28 acuerdos satisfactorios, 22 conciliaciones cumplidas, 18 recomendaciones emitidas y 22 recomendaciones cumplidas por las autoridades involucradas.
En cuanto a la labor de la Primera Visitaduría General, se llevaron a cabo 139 visitas a los 17 centros penitenciarios del estado, que incluyeron diálogo con las direcciones, entrevistas confidenciales y verificación de las condiciones de las y los internos, así como de las instalaciones.
“Todo ello con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y promover condiciones dignas para las personas privadas de libertad”, destacó.
Sánchez Soya afirmó que estos esfuerzos reflejan la participación ciudadana activa y corresponsable: “El respeto a los derechos humanos se construye de manera colectiva”, dijo la comisionada presidenta.