El Congreso de Puebla busca endurecer las penas contra quienes recluten a menores para actividades delictivas. La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, planteando castigos de hasta 30 años de prisión para quienes obliguen, bajo engaños o amenazas, a niñas, niños y adolescentes a integrarse a células criminales.
Datos legislativos revelan que en Puebla se han documentado 684 casos donde menores de edad —principalmente entre 10 y 15 años— resultan imputados por delitos como narcomenudeo, robo, lesiones y amenazas, todos relacionados con estructuras delictivas que los utilizan como mano de obra vulnerable. La propuesta contempla una pena base de 20 años, que aumentaría a 30 cuando el reclutador ejerza violencia o amenazas directas sobre la víctima.
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Además, la reforma prevé multas dse 56 mil 570 y hasta 169 mil 710 pesos, un rango económico que busca desalentar de manera contundente la explotación criminal de menores. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, encabezada por el diputado Mauricio Céspedes Peregrina, para su análisis.
El proyecto también pretende frenar el uso de menores como “halcones”, jóvenes forzados a vigilar territorios donde operan bandas delictivas.