El Poder Judicial de Perú desató una nueva crisis diplomática al dictar cinco meses de prisión preventiva y emitir una orden de captura internacional contra Betssy Chávez, ex primera ministra acusada de rebelión e intento de golpe de Estado. Chávez permanece refugiada en la Embajada de México en Lima, detonando que Perú rompiera relaciones diplomáticas al considerar que el asilo constituye una injerencia directa en su soberanía.
El juez Juan Carlos Checkley afirmó que el peligro de fuga es “palpable”, lo que justificaría la medida extrema para evitar la frustración del juicio oral. La Fiscalía Suprema Anticorrupción sostiene que Chávez participó activamente en los hechos ligados al fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, por los cuales enfrenta hasta 25 años de prisión.
Desde hace 18 días, Chávez aguarda un salvoconducto que le permita salir del país, mientras el gobierno peruano anunció que solicitará una revisión regional de las normas de asilo diplomático, recrudeciendo la tensión con México. Ambos países mantienen relaciones deterioradas desde la caída de Castillo y el posterior asilo a su familia, situación que hoy escala hacia uno de los conflictos bilaterales más tensos de los últimos años.