La sorpresiva reaparición de Francisco Romero Serrano en la carrera por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla reavivó el debate político y jurídico que dejó su abrupta salida en 2022. Durante su registro como aspirante, el exauditor subrayó que su periodo no concluyó por decisiones técnicas, sino por lo que calificó como un “asunto de índole personal”, derivado —según dijo— de los señalamientos enfrentados durante el gobierno de Miguel Barbosa.
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Romero Serrano afirmó estar listo para competir nuevamente y asumir el reto de volver a encabezar el órgano fiscalizador si el Congreso así lo decide. Aseguró que respetará plenamente la determinación del Legislativo, al recordar que sus decisiones son “absolutamente soberanas” y que se mantendrá conforme a la votación final.
El exauditor rechazó competir en desventaja. Defendió que, tras su detención en 2022, demostró su inocencia en todas las instancias legales, lo que hoy —dijo— lo coloca absuelto, en libertad y sin impedimentos jurídicos para contender nuevamente. Su retorno al escenario público coloca a la ASE en el centro del análisis político y despierta cuestionamientos sobre el rumbo de la fiscalización en Puebla.